Con el Pacto de Mayo y la ley de bases, ¿podrían volver las AFJP?

El punto 8 del Pacto del 25 de mayo, que el presidente Javier Milei dio a conocer el 1 de marzo y en el que declaró la “necesidad de un nuevo pacto fundacional para la República Argentina” y lanzó la convocatoria para que los gobernadores firmen un acuerdo sobre 10 puntos que constituyen las bases del país, propone “una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación”.

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Dado que la experiencia más cercana con un sistema jubilatorio privado, entre 1994 y 2008, fueron las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), se empezó a hablar de que este sería el sistema que se retomaría. Sin embargo, el abogado Adrián Tróccoli, especialista en Derecho Previsional, advierte que “nadie habló de volver a las AFJP, sino de sistema privado”.

Asimismo, resaltó que el de las AFJP no era un sistema privado, sino uno público de gestión privada, en el que las personas no podían elegir cuánto aportaban ni tampoco el destino, sino sólo una empresa. “En los privados tenés márgenes de negociación. Pero no hay nada más controlado que esos sistemas, en los que la Comisión Nacional de Valores establecía el margen de maniobra”, planteó.

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Recordó que las administradoras tenían como obligación hacer inversiones calificadas por el Banco Nación como súper seguras (aunque siempre existe un riesgo). En Chile, por ejemplo, las AFP -al otro lado de la cordillera se llaman Administradoras de Fondos de Pensiones- tienen cinco fondos distintos y, salvo que la persona elija otra cosa, los más jóvenes van a fondos de mayor volatilidad, mientras que, a medida que se acercan a la edad jubilatoria, van a opciones más seguras.

Tróccoli opinó que volver a las AFJP no sería muy útil, ya que se trataba de un mercado muy regulado. Además, de los 27 puntos que aporta la relación laboral -11 el empleado y 16 el empleador-, se descontaba el seguro de invalidez y fallecimiento, más las comisiones de las administradoras, y apenas quedaban 7 puntos que efectivamente se iban acumulando. Entonces, era de esperar que, al momento de jubilarse, no hubiera fondos suficientes.

En cambio, el abogado consideró que sería ventajoso implementar alguna forma de ahorro privado en Argentina, ya que permitiría también contar con un mercado de capitales sano, en el que el dinero ahorrado podría brindar opciones de crédito para inversiones o préstamos hipotecarios, que hoy son muy limitadas o no existen.

El método más sencillo y razonable, opinó, sería liberar la posibilidad de tener seguros de retiro, que, si bien son válidos, no resultan una opción muy atractiva, porque, con la inestabilidad económica, no hay garantía de rentabilidad. Esto, a menos que los depósitos se realicen en dólares, lo que no es posible ahora, pero tal vez sí con un sistema bimonetario.

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Sin embargo, el principal obstáculo es que no son deducibles para el impuesto a las Ganancias. Esto significa que la persona, que difiere parte de su ingreso para la jubilación -y favorece la existencia de créditos-, paga por un dinero que no está utilizando, sino que ahorra. Tróccoli consideró que esto podría resolverse con una “simple corrección en el impuesto a las Ganancias en este sentido”.

Y sumó que también debería darse la posibilidad, vedada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, de tener reaseguros fuera del país, ya que hoy es imposible sostener un sistema asegurador con reaseguros locales, como está la macroeconomía. Lanzó que se podría establecer que deben quedar en el país el 60 o 70% de las inversiones, lo que reconoció que no es óptimo, pero sería un primer paso.

Por otra parte, resaltó que el aporte a estos seguros de retiro o capitalización debería ser sobre el excedente. En este sentido, explicó que el salario máximo sujeto a aportes -que es el que cuentan para la jubilación- era de $ 4.800 en los ‘90; es decir, US$ 4.800. Ese valor, traído a la actualidad con cualquier índice, equivale a unos $ 6 o 7 millones. Sin embargo, el salario máximo está en $ 1.470.000.

Hay muchos puestos gerenciales, indicó, que cobran muy por encima de eso, pero aportan ese máximo. De ahí que podrían destinar el excedente, por sobre una base o mínimo que habría que establecer -5 u 8 jubilaciones mínimas serían valores razonables, estimó-, a un sistema de gestión privado.

Tróccoli señaló que, más allá de una breve mención por parte de Milei en su discurso del 1 de marzo, en la apertura de sesiones, no ha trascendido más información sobre qué idea están analizando. Consideró que para el 25 de mayo es de esperar que se conozcan algunos detalles más de la propuesta.