Dólar solidario: qué prometieron hacer con el 30% que se cobra de recargo, y cómo afectará a los mendocinos

En Mendoza hay 247 asentamientos registrados como “barrios populares”, en los que viven más de 16 mil familias, en muchos casos sin acceso al agua corriente, a una red cloacal, al servicio eléctrico o al gas por red. Hace poco más de dos años se sancionó una ley que suspende los desalojos, y busca una solución definitiva para las problemáticas de hábitat, y recientemente se constituyó el fideicomiso por el que se destinarán los fondos del “impuesto País” para ello.

No obstante, a nivel país se cuentan, desde la creación del registro, 4.416 barrios populares, distribuidos en todo el territorio nacional, pero con mayor concentración en la Provincia de Buenos Aires, y según señaló el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Daniel Arroyo tienen como objetivo urbanizar de a 400 barrios por año, por lo que tomará más de diez años completar la tarea con los registros actuales.

El dinero que se invertirá constituye el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y cuenta con recursos por alrededor de 11.000 millones de pesos, que fueron recaudados mediante el impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS), que grava la compra de dólares para atesoramientos con un 30%. Se prevé que un tercio de esos fondos serán destinados a la creación de lotes con servicios, y el resto para la urbanización de los barrios que ya fueron registrados.

No obstante, el fondo puede nutrirse de aportes del Tesoro Nacional que le sean asignados por la ley de Presupuesto General de la Administración Nacional, fondos provistos por organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales, y donaciones, entre otros.

¿Qué es un Barrio Popular?, y qué pasa en Mendoza

“Se considera Barrio Popular a los barrios vulnerables en los que viven al menos 8 familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más, de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal)”, según la definición del Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat de la Nación.

En esa situación se encuentran 16.585 familias mendocinas en los 247 barrios populares registrados. Según los datos que se obtuvieron del último censo de estos barrios, en el 89% de ellos no hay acceso formal al servicio de agua corriente, y en el 98% no hay red cloacal. El 69% no tiene conexión formal a la luz, y casi en su totalidad no acceden al gas por red.

La Secretaría de Integración Socio-Urbana es la que debe intervenir en la integración de estos barrios, en articulación con las provincias y los municipios. Además, la ley 27.453, sancionada por unanimidad en ambas cámaras, durante el gobierno de Mauricio Macri, suspende los desalojos en los barrios por un período de cuatro años (octubre de 2022), y habilita la creación de un Régimen Especial de Regularización Dominial para titular las tierras en favor de los vecinos.

La misma norma crea un programa de Integración Socio-Urbana (PISU) que busca intervenir de manera multidimensional para la integración de los barrios, en articulación con provincias y municipios, y establece la constitución de un Fideicomiso para su financiamiento. Este último se creó recientemente, y se dispuso que se fondeará con el impuesto País.

Impuesto al dólar

Los fondos del programa serán administrados por Bice Fideicomisos, y según señaló el titular de la entidad, el mendocino Jorge Tanús, la creación de un fideicomiso le permite a la sociedad ver cómo se administran los fondos del Estado. “La urbanización de los sectores populares es una política de Estado, equivalente a la AUH, y con la ley 27.453, que obliga al Estado a armar un fideicomiso con el que se garantiza transparencia”, señaló.

El Fondo tiene además los terrenos disponibles de la Agencia de Bienes del Estado, algunos se destinarán a la producción, y otros a la vivienda. De acuerdo con Tanús, los 11.000 millones del Impuesto País se van a invertir en los sectores sociales y populares, y el ministerio deberá coordinar con las provincias para su aplicación.

“Lo va a definir la subsecretaría específica, junto con las provincias, y Mendoza va a tener que hacer las gestiones, en principio con los barrios que están en el Registro, y nosotros (desde la administración del fideicomiso), nos encargamos de distribuir los recursos”, sumó Tanús.

Además, señaló que el número comienza con los más de 4 mil barrios, pero es probable que se deba actualizar el registro porque desde 2018 hasta la fecha pudo haber aumentado la cantidad de asentamientos y de familias, y se diseñará un sistema para que e Estado recupere la inversión. “El desafío es enfocar el problema de la pobreza de manera estructural, sin clientelismos, y que la gente pueda devolver el dinero”, dijo.

Así, en los barrios en que las tierras fueron usurpadas, o que por alguna razón (aluviones, riesgos sísimicos, etc.), no se puede regularizar el dominio, las familias accederán a nuevos lotes, en donde sí sea posible, se incluirán servicios, y mejoramientos de vivienda.