Juicio por YPF: el Gobierno apelará para evitar pagar los 16.000 millones de dólares

En la jornada de este jueves, el Gobierno argentino llevará a cabo la presentación formal de los documentos de apelación ante los tribunales de Nueva York, como respuesta al fallo previo emitido por la jueza Loretta Preska en el causa de YPF.

Este fallo, dictado en septiembre, impone al país la obligación de indemnizar con la cifra de u$s16.000 millones a las empresas Burford Capital y Eton Park, como consecuencia de la controvertida nacionalización de la empresa petrolera YPF en el año 2012.

En octubre del año pasado, Argentina comunicó oficialmente a la justicia neoyorquina su firme intención de apelar el veredicto de primera instancia emitido por Preska. Dicho fallo, en términos generales, establece que el país debe abonar la cuantiosa compensación de u$s16.000 millones, fundamentando esta decisión en la forma en que se llevó a cabo la nacionalización de YPF.

Cuáles son los antecedentes:

Este proceso incluyó la adquisición del 51% de las acciones de Repsol, sin la realización de una Oferta Pública de Adquisición a los demás accionistas, incumpliendo así con lo estipulado en el estatuto de 1993, durante el período de privatización impulsado por el expresidente Carlos Menem.

Cabe destacar que Burford Capital había adquirido los derechos de litigio del accionista minoritario de YPF, Petersen, desembolsando el 61% de sus participaciones. Este último, perteneciente a la familia Eskenazi, había llevado a cabo la compra del 25,4% de las acciones de YPF a Repsol entre los años 2008 y 2011.

Desde la gestión de Cristina Fernández de Kirchner hasta la administración encabezada por Alberto Fernández, el argumento sostenido por Argentina ha sido consistente: la compra de acciones del Grupo Petersen a Repsol fue llevada a cabo de manera irregular, y la jurisdicción apropiada para resolver este complejo conflicto es Argentina, país en el cual YPF tiene su sede.

En un giro de acontecimientos registrado en diciembre, con el cambio de gobierno, la Procuraduría del Tesoro de la Nación solicitó la postergación de la fecha originalmente establecida para la presentación de los documentos de apelación, originalmente programada para el 30 de enero.

Este pedido se fundamentó en la necesidad de la nueva administración argentina de ponerse al día sobre las cuestiones del recurso, analizar el escrito de apertura y colaborar con los abogados involucrados en el caso. La solicitud fue aceptada el 11 de enero, extendiendo así el plazo para la presentación de los documentos hasta el día de hoy.

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