La Cámara de Emisores de Tarjetas de Crédito y Consumo no Bancarias denuncia una “industria del juicio”

La Cámara de Emisores Regionales de Tarjetas de Crédito y Consumo no Bancarias (Certacyc) ha emitido una denuncia donde alza la voz contra una “industria oculta que destruye empresas y enriquece a abogados”. La explicación se centra en los juicios de clase, que, según la Cámara, están afectando significativamente a las empresas, especialmente a las Pymes.

Según el comunicado, los juicios de clase, en muchos casos impulsados por asociaciones de defensa de derechos de los consumidores, se han convertido en una fuente fácil y segura para que algunos abogados obtengan beneficios económicos. A pesar de la existencia de legislación que ampara a los consumidores, la Cámara argumenta que algunas asociaciones abusan de esta situación, enfocándose en puntos específicos que les permiten obtener ganancias.

En palabras de una fuente de la Cámara para Los Andes, comentó: “El tema de las demandas de clases sobre tarjetas de crédito se basan en un punto donde el Banco Central te autoriza a cobrar ciertas comisiones y la Ley de Defensa al Consumidor lo deja medio gris. Entonces, hay asociaciones civiles que lo que hacen es agarrar ese gris de la norma y te presentan una demanda”.

Qué dice el escrito de la Cámara

“Una industria enorme y temible de la que poco se habla representan los juicios de clase, que, de un tiempo a esta parte, engrosan cada vez más los bolsillos de algunos abogados inescrupulosos, con demandas que destruyen a las empresas, en especial las Pymes”, inicia el escrito de la Cámara.

El comunicado expone que la acción de clase, en muchos casos impulsada por asociaciones de defensa de derechos de los consumidores, se ha convertido en una veta fácil y segura para obtener réditos económicos. A pesar de que existe una legislación que ampara a los consumidores, se argumenta que algunas asociaciones abusan, concentrándose en puntos que les permiten obtener ganancias desmedidas.

Juicios a las tarjetas no bancarizadas

A la mitad de su exposición habla de cómo son los juicios: “Dichos juicios, en general, tienen origen en supuestos cobros inadecuados o al margen de la ley. Lo más grave es que, en su gran mayoría, los clientes de las empresas denunciadas ni siquiera se enteran de estos acontecimientos hasta que reciben un crédito por unos pocos pesos”.

Para entender un poco esto se consultó qué tipos de demandas se reciben y la fuente lo ilustró de la siguiente manera: “Por ejemplo, se cobra una comisión determinada por entrar en mora. Entonces vos le cobras a una persona la comisión, el Banco Central si te lo permite, lo tenés autorizado por norma y surge esta dicotomía con la Ley de Defensa del Consumidor que no es que no lo permite de forma explícita, pero hay muchos recovecos, digamos, en la ley que permiten que una asociación civil que se autodenomina Defensora Masiva del Consumidor termine haciendo un juicio”.

El comunicado también destaca la frecuencia de prácticas extorsivas, donde los abogados de estas asociaciones reciben “sumas millonarias”, generando dudas sobre los objetivos reales de estas demandas colectivas.

“Mientras que las asociaciones de defensa al consumidor pueden iniciar demandas con el beneficio de la gratuidad, las pymes del sector deben afrontar abultados costos y gastos judiciales para hacer frente a demandas desmesuradas que, en ocasiones, ponen en riesgo su propia subsistencia”, se mencionó en el escrito presentado.

La denuncia resalta la asimetría en los costos entre las asociaciones y las empresas, creando un escenario perjudicial para estas últimas, que pueden ser obligadas a resarcir por actividades previamente aceptadas por los organismos de control.

“Esto vuelve ineficaz la posibilidad de defensa, ya que los pagos deben efectuarse a miles de personas a las que, en caso de ganar en otras instancias, sería imposible reclamarles los montos entregados”, agregaron.

Finalmente, se subraya la ineficacia del sistema actual, donde las reglas no son claras y las empresas, principalmente Pymes, se ven penalizadas por errores mínimos, mientras que los costos, incluidos los honorarios de los abogados, terminan impactando en los clientes y, en última instancia, amenazando la subsistencia de las empresas afectadas.

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