Paula Cortijo Romani: “El fraude interno en las compañías siempre crece en épocas de crisis”

En un contexto de crisis, es de esperar que se produzca un incremento en los casos de fraude interno dentro de las empresas. Sin embargo, existe una herramienta que las organizaciones pueden implementar para prevenir, detectar y remediar los actos de corrupción: los planes de integridad. De hecho, por ley, contar con uno es un requisito para las firmas que quieren participar en licitaciones del Estado. La abogada Paula Cortijo, experta en Compliance, detalla cuáles son los beneficios de utilizar este sistema y por qué se extiende su uso.

-¿Cuál es la normativa vigente en la provincia para evitar actos de corrupción?

-Tenemos una nueva ley en Mendoza, que establece que, para licitar para el Estado provincial, las empresas tienen que tener, de manera obligatoria, un programa de integridad. Consiste en un conjunto de políticas y procedimientos internos, que se implementan dentro de las compañías con el fin de prevenir, detectar y remediar actos de corrupción.

Ahora bien, puede ser tomado como un nuevo requisito -y eso casi siempre se ve con ojos negativos- o como un beneficio para el sector empresarial. Porque lo que hacen estos programas es regular cómo se relacionan el sector privado con el público para evitar dos cosas: la corrupción y que no haya real competencia entre las empresas. En definitiva, se está beneficiando a toda la sociedad, porque claramente la corrupción nos afecta a todos.

Pero estos programas, cuando están bien implementados, también producen beneficios internos dentro de la compañía, porque ordenan los procesos y ayudan a prevenir, detectar y remediar otro tipo de situaciones no deseadas dentro de las empresa, como el fraude interno, el acoso o la violencia laboral. Acá, en Mendoza, también acaba de ser publicada la ley en el Boletín Oficial.

-La normativa nacional no sólo sanciona a los directivos de empresas sino a las mismas organizaciones. ¿De qué manera?

-La ley nacional 27.401, que nos aplica porque es federal, dice que, a partir de ahora, también las personas jurídicas van a ser sancionadas por actos de corrupción. Muchos se equivocan y piensan que, como directores, no tienen más responsabilidad. Pero es una nueva vía legal. Se puede ir, en paralelo, contra los directores de la empresa y contra la empresa en sí misma.

Las sanciones pueden ser multas, que siempre digo que no me preocupan, porque al final del día es dinero. Pero lo que sí es preocupante es la suspensión de la personería jurídica hasta por 10 años, la prohibición de licitar con el Estado nacional hasta por 10 años, la inclusión en un registro que depende de la oficina anticorrupción y la pérdida de beneficios estatales (si los tuviera).

-¿Por qué se esperan más fraudes este año y qué se puede hacer para evitarlos?

-Por numerosos factores internos, las personas, y sobre todo en situaciones de crisis como la que estamos viviendo, no solemos tomar decisiones acertadas de mediano y largo plazo. En momentos de estrés, tomamos decisiones pensando en el ahora. Entonces, tengo que exportar vino, pero el de la Aduana, si quiero que salga antes que el de la bodega competidora, me pide dólares.

Por estadísticas internacionales, sabemos que el fraude interno siempre sube en épocas de crisis. Si las personas que están dentro de las empresas están ejerciendo algún tipo de acción de fraude, ahora tienen más necesidad que antes de hacerlo. Al que no se le había ocurrido, mira para el costado y ve que alguien lo ha estado haciendo por dos años y no le dicen nada, y se lleva algo. Ya sea robo hormiga de dinero en efectivo o de cosas que se sacan y se venden. El empresario no está mirando esto, sino que está concentrado en que no tiene fondos, que no tiene trabajo, mientras que adentro de la empresa se están desintegrando tanto la cultura organizacional como sus bienes.

-¿Cómo se arma un plan de integridad?

-Se empieza por una matriz de riesgo, en donde detectamos cuál es la posibilidad de ocurrencia de corrupción, violencia en el trabajo, acoso sexual, acoso laboral, fraude interno. En base a esa probabilidad, vemos qué impacto podría tener en la empresa si sucede. Una vez que conocemos el riesgo, aplicamos medidas de mitigación, que se dividen en tres. Primero hacemos la prevención: redactamos las políticas internas de la empresa, acordes a esa matriz de riesgo. Después pasamos a la detección: si alguien está haciendo algo que hemos dicho en nuestras reglas internas que no tiene que hacer.

Una vez que hemos detectado una infracción, hacemos una investigación interna y, si es verdad, pasamos a la tercera etapa, de remediación. Al empleado se le puede aplicar una sanción, desde una advertencia hasta el despido y, aparte de eso, remediamos los procesos. Porque los que habíamos redactado en primera instancia, si hay alguien que incumplió, significa que a lo mejor tenemos un bache o que alguna de las partes se puede ajustar un poco más. El programa siempre es algo dinámico que va evolucionando y cambiando.

-¿Cómo ha sido la respuesta de las empresas mendocinas a la nueva normativa?

-A nivel de cámaras –UIM, Aderpe, ACDE, entre otras- están apoyando esto. Ahora, cuando se va a las empresas hay mayor resistencia porque lo ven solamente como un requisito. Pero justamente es por falta de conocimiento, de qué significa, cómo se aplica, qué beneficios tiene. Se cree que esto es para una gran empresa, pero las grandes, cuando pasa algo, le dan la mano al gerente, se va con justa causa y designan a otro. Si una empresa familiar tiene problemas de corrupción, deja de existir. Los sobornos se pagan a través de terceros, intermediarios. Cuanto más chiquito sos, más servís, porque te miran menos, tenés más flexibilidad con tu contabilidad.

-La ley de Mendoza, ¿tiene alguna diferencia con la nacional?

-El reglamento en Mendoza va a ser distinto porque, para licitar con el Estado nacional, la empresa tiene que tener, de manera obligatoria, un programa de integridad. Pero al empresario sólo le piden una declaración jurada de que lo tiene. Acá, el gobierno probablemente designe un veedor independiente, que controle que realmente la empresa está haciendo esto.

No sé si va a ser en el 100% de los casos o una auditoría aleatoria. Pero aquel empresario que haya bajado un código de conducta o un procedimiento de Internet, va a tener que demostrar al verificador que ese programa fue hecho para su empresa. Y va a ser complicado. Desde mi humilde opinión, les aconsejaría a los directivos dos cosas: que lo hagan de manera correcta, para que no sea un costo, sino una inversión, y con profesionales que conozcan, porque si no, van a tener que pagar dos veces y se van a quedar afuera de la licitación.

-Estos programas, ¿son sólo para empresas que se presentan a licitaciones públicas?

-Lo pueden necesitar también aquellas que trabajan con empresas que se presentan a licitaciones. Pero, además, lo están demandando las multinacionales.

El año pasado visitaron Mendoza representantes de Systembolaget, el monopolio sueco de venta de bebidas alcohólicas.

Fueron a distintas bodegas y les dijeron que iban a comprar a las cadenas sostenibles y, para que lo sean, tenían que trabajar en cuatro ejes: derechos humanos, estándares laborales, ambiente y anti corrupción.

El BID trabaja también bajo estos parámetros, que son los de las Naciones Unidas. Con la nueva ley, saben que a una empresa que cometa actos de corrupción, le van a suspender la personería jurídica y no quieren correr ese riesgo.