La contrarreforma judicial

Los jueces en la Argentina se dividen en tres categorías: jueces corporativos, jueces militantes y jueces independientes. Los corporativos, que suelen ser mayoría y de allí el desprestigio de la justicia, van de acuerdo a los vaivenes externos para mover internamente la corporación, archivando o desempolvando expedientes según los vientos. Los jueces militantes son los que se sienten parte de un proyecto político al cual condicionan sus decisiones jurídicas. Los jueces independientes son los que creen que se puede tener ideología, partido, intereses particulares o sectoriales, pero que sin embargo la búsqueda de la verdad y la objetividad (a las que nunca se llega del todo) es el único sentido de la existencia de la ley. Claro que la independencia en nuestro país no paga, salvo, quizá, desde la conciencia y la historia, pero da más ingratitudes concretas que ser corporativo o militante. Es que para ser independiente, además de honestidad se requiere un coraje cívico que no todos tienen.

Cristina ha demostrado en su crítica al lawfare la existencia del lawfare. Ella nunca dudó en mandar a apretar jueces, incluso así lo dijo literalmente en una grabación que tomó estado público. Por eso Cristina no critica al método del lawfare sino cuando según ella se lo hacen a ella. Pero no cree que exista otro método para actuar con la justicia, o se aprieta o se es apretado. Nunca hizo otra cosa, y no cree que nadie pueda hacer otra.

Su objetivo central, del cual la reforma es solo una herramienta más, es armar un ejército de 400 o 500 jueces y fiscales militantes, para tener, cuando lo permita la correlación de fuerzas, una Corte extendida donde se le de punto final a todas las causas por corrupción en el poder.

Cuando Alberto Fernández en su discurso dice que quiere despolitizar la justicia, no está diciendo que ésta sea independiente de la política, sino que la justicia no debe juzgar a los políticos aunque sean corruptos porque ese no es terreno que le compete a ella sino al poder político, o en todo caso a la democracia electoral.

Cristina piensa que si el pueblo la vota es porque la democracia la absolvió junto con la historia y ya pasó a la trascendencia. No solo busca ser declarada inocente sino ser reivindicada como la dirigente de la historia más perseguida de los últimos cien años. Por ser la más revolucionaria.

Una reforma judicial se hace de a pasos, ley por ley, código por código, modificando de a poco la legislación vigente; puede ser tarea para toda una gestión o más, no menos. Pero acá hay apuro porque se quiere cambiar la filosofía jurídica. Es la misma de la reforma judicial de 2013 llamada de democratización de la justicia. Ella fue declarada inconstitucional porque se quería elegir partidariamente a los que elegían a los jueces. Por eso ahora se lo disfraza bajo la reforma de Beliz para simular constitucionalidad pero lo que se busca es cambiar todo lo necesario para hacer una contrarreforma judicial donde no se toque nada de lo mucho que hay que cambiar y se toque todo de lo poco que no hay que cambiar. Básicamente a partir de un concepto ajeno a la democracia republicana que citamos recién:_que no existe la independencia ni la objetividad jurídicas porque todo responde siempre a un proyecto político. Entonces, ante la inexistencia de la independencia y la objetividad, los K se presentan como la parcialidad que responde al pueblo contra las demás parcialidades que responden a perimidos conceptos de división de poderes liberales burgueses al servicio de los poderes fácticos.

Metodológicamente se quiere inundar el Poder Judicial de jueces adictos. Es parte del objetivo impunidad. Y la técnica para ello está copiada de lo que inventó un famoso legislador de los inicios democráticos quien sostenía que no importa lo que digan las leyes en su articulado, sino lo que se escribe en su reglamentación, en su letra chica. Allí se puede colocar el interés particular, aunque su contenido general sea universal. La reforma judicial y la ley de moratoria son ejemplos claros de ese modus operandi. Así como la reforma judicial busca con su letra chica indultar a todos los que cometieron actos de corrupción desde el poder, la ley de moratoria en su letra chica necesita indultar a un solo capitalista amigo y patriota que se gastó 40 millones de dólares en comprarle a Daniel Hadad su imperio periodístico para ponerlo al servicio del gobierno al cual responde. Claro que a cambio pidió que miraran para otro lado mientras él se quedaba con impuestos, que debía retener, por mil millones de dólares. Un testaferro muy caro, cobró 960 millones de dólares para poner 40 millones. Así se derrochaba en los tiempos K de la plata dulce, Como se hizo con el Fútbol para todos. O pagándole más de 50 millones de dólares a un secretario privado solo para que trasladara bolsos con dinero. Una oligarquía nacional y popular que se cansó de tirar manteca al techo como la oligarquía liberal de los años 20 del siglo XX. Una tradición argentina, el despilfarro del nuevo rico, practicada sin diferencias tanto por liberales como por peronistas y no pare de contar.

El banderazo tuvo mil razones, pero todas sumadas no podrían haberlo concretado con tanto éxito en una de las épocas más dificiles para hacerlo, de no haber sido por el tema de la reforma judicial, que pocos entienden tecnicamente. Pero eso no es lo importante, sino lo que se está realizando ya a favor de la impunidad: traslado de jueces independientes, leyes a medida para Cristóbal López, liberaciones truchas de Boudous, persecución vía difamación de procuradores, comisiones Beraldis donde un grupo mayoritario de ilustres militantes es acompañado por un grupo minoritario de ilustres no militantes para disimular, etc. etc. Ese es el clima de impunidad que rodea la reforma. No hay ninguna excepción. Difícil entonces que la reforma lo sea.

Así como el momento para hacer el banderazo no fue el mejor por cuestiones sanitarias, su contracara es que precisamente porque hay pandemia se está aprovechando la distracción social inevitable frente al estado de miedo y necesidad para hacer lo que se quiere con la justicia. El banderazo en su corazón lanzó un mensaje rotundo al poder, el de que “no estamos distraidos”. Si se logró parar la reforma judicial anterior, la re-reelección y lo de Vicentin, acá también se puede pelear. Pero aunque los culpables principales queden liberados de todo cargo y juicio, lo cual no es improbable a juzgar por la experiencia que nos da la historia argentina y la actual correlación de fuerzas, bastará que se salve un relato, el de los cuadernos de Centeno, donde está escrito de manera indiscutible el relato de la corrupción. Es por eso que la historia terminará haciendo justicia en un país que prácticamente carece de ella en sus débiles instituciones.

Alberto debe estar incómodo con lo que pasa. Jugarse todo o nada a este proyecto proimpunidad, aunque se haya comprometido con él cuando Cristina le ofreció el gobierno (cada vez queda más claro que junto al gobierno no le ofreció el poder) es muy riesgoso. Pero es un hombre grande y como dice Ernesto Sanz en la entrevista que hoy publicamos, a él le toca elegir ser el ejecutor de un proyecto propio o de uno ajeno. Sabiendo que si elige serlo de uno ajeno, además de su ejecutor será su víctima.