La prioridad que Cornejo escondía y las zancadillas de los propios

“Incrementar el desarrollo minero acorde a la ley vigente. Potasio Río Colorado es el proyecto más avanzado, el más grande de la Argentina. Su funcionamiento pleno duplicará las exportaciones de Mendoza. Otros proyectos que avanzan son Hierro Indio y Cerro Amarillo en Malargüe. Su actual exploración y potencial explotación es posible dentro del marco regulatorio vigente. Son los tres proyectos que dentro de la ley 7722 pueden avanzar en el futuro y darle más riqueza a la provincia”.

El párrafo anterior es todo lo que hablaba de minería la plataforma electoral de Alfredo Cornejo del año pasado. Es el punto 35 de los 38 que componen sus propuestas de gobierno. Como se ve, poco desarrollo y muy atrás en las prioridades.

En las entrevistas preelectorales, tampoco iba más allá. En la publicada por Los Andes el 21 de setiembre decía: “No sé para qué hablamos de este tema, si no hay ninguna chance de hacer minería entre el norte de San Rafael y el sur de Las Heras. Segundo, tampoco hay proyectos. Se sabe que hay cobre, pero no hay predisposición de las empresas grandes en venir a Mendoza con esta legislación (la ley 7722). Hay que terminar con estos proyectos (por Hierro Indio y Cerro Amarillo ), que se vea que estos casos testigos han sido exitosos en hierro, cobre y potasio, y a partir de allí pensar cosas. Eso va a llevar su tiempo, no lo veo en el próximo mandato”.

Recién hoy, visto lo ocurrido el último mes y medio, puede inferirse que cuando habla de la imposibilidad de hacer minería desde el sur de Las Heras al norte de San Rafael, deja fuera de su descripción a Malargüe.

Así como en su primer mandato el orden fiscal y administrativo del Estado fueron el eje anunciado de su gestión, la minería se ha convertido en el eje sorpresivo de este segundo mandato de Cornejo. Desde el 1 de marzo, cuando en el Foro de Inversiones en la previa de la Vendimia se presentó el plan Pilares, el Gobernador ha centrado su agenda y sus esfuerzos en avanzar con la exploración de cobre en lo que ha denominado el Distrito Minero Occidental, en Malargüe.

Malargüe: la “tierra prometida” para el futuro económico de Mendoza

Las evidencias de estas semanas demuestran que decidió avanzar por un camino opuesto al de Rodolfo Suárez. El antecesor hizo de la minería uno de sus ejes de campaña. Fue tanto su prioridad que la primera medida que tomó, apenas doce horas después de terminado el acto de asunción en la Casa de Gobierno, fue enviar a la Legislatura un proyecto para modificar la ley 7722. Todos sabemos lo que ocurrió después. Antes de terminar diciembre, el desarrollo de la minería quedó definitivamente sepultado al menos para esa gestión.

Es cierto, en aquella campaña de 2019 todos los candidatos hablaban de minería, mientras que en la del año pasado ninguno lo hizo, al menos como prioridad. Todos preferían evitarla y se transformó en un tema lateral. Cornejo por aquello que le ocurrió a Suárez. Omar de Marchi, siempre a favor de la actividad, porque dividía a su heterogénea coalición: su principal socio político, Jorge Difonso, fue el impulsor de la 7722 y de las manifestaciones del ‘19.

Tomando como mal ejemplo el apurado intento de Suárez, Cornejo viene haciendo todo lo contrario. Busca pisar sobre terreno firme, seguro, antes de dar el siguiente paso. Por eso tal vez fue revelando las cartas de a una y ha sostenido en este tiempo la centralidad en la agenda.

Desde el 1 de marzo, cuando el Gobierno presentó el plan estratégico del cobre, Cornejo viajó a la feria minera más importante del mundo, que se hace en Canadá, junto a su ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre. Desde allá anunciaron el Distrito Minero Malargüe y la modificación del Código de Procedimiento Minero. Ese nuevo código ya obtuvo sanción en Diputados y espera la votación del Senado.

La semana pasada viajaron a una feria en Australia la vicegobernadora, Hebe Casado, y el director de Minería, Jerónimo Shantal, mientras que el Gobernador y Latorre fueron al encuentro más importante del cobre en Santiago de Chile.

Para cerrar la agenda semanal, el sábado al mediodía participó de una charla que suena a provocación para el principal sector económico que se ha opuesto a la minería: la vitivinicultura. La charla de Joe Mazumbdar, editor de un sitio web canadiense especializado en minería (Exploration Insights), fue sobre “Minas y vinos”, una coexistencia que los bodegueros locales dicen que es imposible.

Minería: cuál es el “apuro” de Cornejo y la “ventana de oportunidad” que ve para Mendoza

Así, Cornejo ha ido preparando el ambiente para generar un clima favorable en la sociedad a partir de los potenciales beneficios económicos de la minería, y en particular del cobre, con un plan político-comunicacional de largo aliento. El objetivo detrás de todo esto es la necesaria “licencia social”, que está asegurada en Malargüe, donde se desarrollarán los proyectos, pero no en el resto de la provincia. Por eso, la cautela.

“La decisión es militar la minería en la agenda pública, no ir por todo de golpe. El secreto y la virtud es instalar el tema y que se debata con argumentos”, admite un integrante de la mesa chica cornejista, marcando sin enfatizar las diferencias con aquella fugaz reforma de Suárez.

Agotado el orden del Estado como eje de gestión, sin dinero nacional para un plan de obras públicas revolucionario, con los fondos de Portezuelo del Viento con destino indefinido, a Cornejo no le queda más que apuntar al demorado desarrollo económico provincial, después de más de una década de estancamiento. Y la minería junto a la esperanza del petróleo del lado mendocino de Vaca Muerta aparecen como las únicas opciones.

La vitivinicultura, se sabe, vive crisis recurrentes y sólo depara malas noticias últimamente por la caída del consumo en el país y el mundo.

Claro que habrá que ver si las inversiones llegan. Hasta ahora, Mendoza ha estado tachada en la lista de destinos posibles de inversiones mineras y eso es lo que está tratando de revertir Cornejo.

El mayor desafío que enfrenta, además de convencer a inversores reacios a venir, es convencer a la sociedad de que el Estado será capaz de controlar y garantizar que no haya contaminación ambiental.

Por eso, más que la aprobación del nuevo Código de Procedimiento Minero en el Senado, que parece un trámite, el desafío que enfrentará en la Legislatura y la calle será el tratamiento de la declaración de impacto ambiental de todo el Distrito Minero Malargüe. Una sola votación para todos los proyectos de exploración asentados en esa zona. El objetivo es agilizar el trámite y evitar el tedioso y lento uno por uno. Pero esto es lo que a la vez puede generar reacciones.

Para las Asambleas por el Agua, el distrito minero de Malargüe afectaría a vecinos y regantes de Alvear y San Rafael

La Asamblea del Agua, si se quiere la contracara de la minería, ya se pronunció en contra de esa intención de aprobar todos los proyectos de cobre de Malargüe de una vez y el jueves emitió un documento en el que cuestiona el Distrito Minero porque asegura va a afectar a vecinos y regantes del sur de San Rafael y Alvear porque impactará en el río Atuel.

En el Gobierno, si hay algo que se han ocupado de aclarar es que ese distrito no toca ni la naciente ni la cuenca del Atuel, ni tampoco las áreas protegidas, justamente porque de hacerlo alentaría el conflicto ambientalista, en especial en Alvear.

Pero por ahora, más que las resistencias externas, la mayor piedra que se encontró Cornejo en el camino que inició hace casi dos meses fue la verborragia de su vice. Casado, desde Australia, reflotó el debate por la 7722 cuando el Gobernador y todo su equipo quieren evitarlo para no generar dudas ni suspicacias en la sociedad sobre esa ley.

La vicegobernadora dijo a LV10 que “la 7722 fue un invento estúpido de mendocinos” e inmediatamente en Casa de Gobierno y la Legislatura todos se agarraron la cabeza. Esas palabras están lejos de la intención oficialista de apaciguar los ánimos y no dar excusas a la oposición antiminera, que por supuesto salió a repudiarla, incluso en la sesión de la Cámara de Diputados.

“Los antimineros se quedaron mudos cuando tratamos el Código de Procedimiento Minero y lo que dijo Hebe ensucia todo”, admitió un legislador radical. Una cosa es provocar desde X y otra muy distinta gobernar.

En el Gobierno están convencidos de que la 7722 no debe tocarse no por creerla necesaria justamente, sino porque el desarrollo tecnológico permite hoy que se exploten minas de cobre sin usar ninguna de las tres sustancias que prohíbe: cianuro, mercurio y ácido sulfúrico . Es más, dicen que, por los avances, en diez años la ley que se volvió bandera del ambientalismo va a ser letra muerta.

Una ministra que quedó de los dos lados del mostrador

Además de Casado, hay otro frente de tormenta sobre otra figura clave para el plan de Cornejo: Latorre. La ministra de Energía y Ambiente es también directora de YPF en representación de Mendoza, un cargo que ella pidió asumir, aunque según cuentan la idea no convencía al Gobernador porque dejaba flancos débiles desde lo político. Para poder ejercer las dos funciones, renunció al sueldo de ministra y cobra el de la petrolera.

La semana que pasó y los días que vendrán, pueden confirmar aquellas dudas del mandatario.

El aumento de honorarios que el directorio de YPF debe votar el viernes próximo pone en el foco nuevamente a la funcionaria con un tema que, como se vio con las dietas de los senadores nacionales, exaspera a la sociedad. Sobre todo porque se trata de valores muy altos: hoy ya percibe por encima de los 10 millones de pesos y el aumento global del presupuesto del directorio que se pondrá a consideración es de 388%.

Como si esa potencial “crisis” no fuera suficiente, el viernes ingresó una denuncia a la Oficina de Ética Pública contra Latorre por “incompatibilidad y conflicto de intereses” y por “incumplimiento de excusación”. El texto apunta al doble rol de la ministra y a que su sueldo lo paga la petrolera que debe controlar. Quienes firman son los ex senadores del FIT Lautaro Jiménez y Víctor Da Vila, el actual diputado provincial Difonso y el ex senador por Protectora Marcelo Romano. Detrás de ellos, está el apoyo de la Asamblea del Agua.

Latorre ha asegurado a quienes la han consultado sobre esa doble función que no hay incompatibilidades y que su nombramiento en YPF es legal. Cuenta, en el caso de la denuncia, con un dato político a favor: las firmas de los sancarlinos Difonso y Romano al pie sólo lograrán que el sancarlino Cornejo la defienda más que antes. Todos saben que los conoce mucho y no los quiere nada.