Coimas en la Federal: nuevas imputaciones para el comisario Rossignoli y para la joyería Sttefano Cannella como persona jurídica

La investigación por cohecho (coimas) que tiene como líderes de la asociación ilícita al comisario de la Policía Federal Enzo Rossignoli (50) y a los dueños de joyerías céntricas en las que se comercializaban dólares, ha registrado una batería de nuevas imputaciones, tanto para el uniformado como para otras 20 personas dueños de “cuevas” en la que se comercializan divisas extranjeras de forma ilegal.

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En una investigación que comenzó en julio de 2022, el juez federal Marcelo Garnica, titular del Juzgado Federal Nº3 de Mendoza mantiene bajo procesamiento a la presunta banda que logró amasar una considerable fortuna durante la recesiva pandemia de Covid-19 y que, además, a cambio de protección, le habría pagado mensualmente al ex jefe de la División Operativa de la Policía Federal Argentina en Mendoza.

En esta causa, ahora se ha producido un hecho jurídicamente novedoso: el juez Garnica imputó a la Joyería Sttefano Cannella –en tanto “persona jurídica”- por cohecho. De llegar a un juicio, esta “persona jurídica” (es decir, la joyería y sus sucursales) podría recibir una condena que se podría materializar en sanciones y multas que determinarían su cierre y extinción.

Por otra parte, en una segunda causa que también tramita el juez Garnica y que es un desprendimiento de la “causa madre”, tras el levantamiento del secreto de sumario se conoció que el comisario Rossignoli fue imputado en abril pasado por 20 casos de cohecho pasivo; en tanto que 20 dueños de cuevas también han sido imputados por cohecho activo: los investigadores creen que le habrían pagado regularmente dinero al uniformado a cambio de protección.

Al momento de ser detenido por personal de Narcotráfico de la Policía de Mendoza Rossignoli tenía en su poder tres teléfonos que fueron secuestrados y luego analizados. De este análisis se extrajeron datos de importancia para la apertura de la nueva causa. En intercambios de mensajes de WhatsApp el comisario mantenía conversaciones con 20 dueños de cuevas a quienes habría coimeado.

Con esta nueva información el juez Garnica ordenó el 19 de abril pasado una batería de allanamientos en los negocios de esos 20 “empresarios”, a los que previamente había imputado. En esos operativos se logró dar con nuevos elementos –teléfonos y documentación- para apuntalar la pesquisa.

Además, se secuestraron: $36.454.470, 90.648 dólares, 7.391.000 pesos chilenos, 450 libras esterlinas, 18.380 euros, 2.000 pesos uruguayos, 520 pesos mexicanos, 4.000 pesos colombianos y 1.790 reales.

Por último, se decomisaron 54 máquinas de contar billetes, una pistola 9 mm marca Glock, 2 posnet, “1 notebook, 20 teléfonos celulares y “documentación relacionada a la investigación”.

Según explicaron fuente que trabajan en el caso, en los intercambios de mensajes quedaría claro que Rossignoli le habría ofrecido sus “servicios” a los vendedores de dólares a cambio de recibir una suma de dinero verde de forma mensual.

“Es el mismo modus operandi de la primera causa: se pautaban reuniones en cafés céntricos y ahí se producirían los pagos. En uno de los mensajes el comisario pide reunirse y uno de los imputados le contesta que sí pero que ya le ha pagado el mes por adelantado”, explicaron.

Dólares, joyas, boliches y coimas

La investigación sobre el presunto pago de coimas por parte de Nicolás Bazán al comisario Rossignoli surgió luego de que el 6 de julio de 2022, la Policía de Mendoza allanó 22 joyerías y “cuevas” de Ciudad dedicadas a comprar y vender divisa extranjera. Los negocios eran regenteados por dos jóvenes –Nicolás Bazán y Renzo González- quienes durante la pandemia de 2020 amasaron una fortuna que les permitió diversificar la actividad comercial a través de boliches y bares.

En los allanamientos de julio se secuestraron 4.100.000 pesos, 49.900 dólares y 7.480 euros –contabilizando una suma de más de 28 millones de pesos- y se identificó a 74 personas, muchos de ellos “arbolitos”.

Para los investigadores las joyerías Sttefano Cannela” y “Vía Roma” serían una suerte de “tapadera” ya que casi no tenían joyas y las que se encontraron eran de baja calidad. En cambio, se secuestraron 19 máquinas de contar dinero y además se descubrió que los locales estaban acondicionados con ventanillas y otros sistemas para ocultar la actividad cambiaria”.

Durante la pandemia de Covid 19, los dos jóvenes habrían incrementaron notablemente su patrimonio, adquiriendo vehículos y abrieron nuevos comercios bajo las engañosas fachadas, en la zona del microcentro.

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Uno de estos comercios es un bar llamado “La rosa club”, ubicado en Catamarca 53 de Ciudad y dos locales bailables que servirían para el “blanqueo de divisas”, uno con el mismo nombre de bar, ubicado en Ruta 82, km 26 de Luján de Cuyo y otro conocido como “Praga”, en calle Godoy Cruz 318 de Ciudad.

Hoy Nicolás Bazán está procesado como jefe de la asociación ilícita dedicada al lavado activos y por cohecho (coimas). Renzo González también es considerado jefe de la asociación ilícita. Ernesto Bazán está procesado por asociación ilícita y cohecho activo.

La seguridad de negocio estuvo supervisada primero por ex comisario Marcelo Salcedo, pero luego Bazán lo reemplazó en marzo de 2022 por el ex comisario Ángel Fava (echado de la Policía de Mendoza en 2015) y por Roberto “Poroto” Bustos, un hombre con una dilatada experiencia: ex militar, ex funcionario del Poder Judicial de la Nación, ex personal civil de Inteligencia, ex seguridad de presidentes, ministro y militares, actualmente jubilado. Salcedo y Bustos están imputados como miembros de la asociación ilícita; el último se declaró inocente.

Pero, sin dudas, la figura más “llamativa” de la investigación es la del comisario Dino Enzo Rossignoli (50), jefe de la División Operativa Federal de la Policía Federal Argentina. De acuerdo a la instrucción fiscal, fue contactado por Bazán padre para que, a cambio de presuntas coimas, les diera protección. Rossignoli está procesado por asociación ilícita y cohecho pasivo. En su despacho de la sede de la Federal se secuestraron 21.500 dólares en una caja de seguridad, entre otras cosas.

La contadora María José Gregorio está imputada como miembro de la asociación ilícita como partícipe necesaria. Se habría encargado de orientar a Bazán y a González en el armado de la ingeniería utilizada para lavar activos.

Por último, Andrés Bauco, Félix Masera y los hermanos y productores musicales Juan Manuel y Alejandro Agustín Moral se encargaban de manejar los negocios –joyerías, boliches y “cuevas”- y reportaban directamente a Nicolás Bazán.