El Gobierno actualizará el Impuesto Inmobiliario de acuerdo con la inflación real

El gobierno de Rodolfo Suárez le está terminando de dar forma al presupuesto 2023. El último de la gestión actual y tal vez el más complejo de todos, por la dura situación económica que atraviesa el país.

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La macroeconomía en general, y más concretamente la inflación, tendrán un efecto directo en la programación de acciones para el año próximo. Esto lo repiten en forma incesante los funcionarios del Poder Ejecutivo.

El impacto de la inflación es evidente. Se había pronosticado allá lejos, que para 2022 sería del 33%, pero al cabo de sólo siete meses, según los registros de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), ya alcanzó el 47.9% en la provincia.

Tan complejo ha sido este año que para las paritarias con los empleados estatales se había acordado un aumento del 40% en marzo, pero el último acuerdo tras medidas de fuerza gremiales, elevó esa cifra a nada menos que el 72%.

En este contexto, para la elaboración del presupuesto 2023, el pronóstico de la recaudación será un aspecto clave. Y por ello el Gobierno analiza cambiar el método de cálculo que aplica en uno de los impuestos provinciales, con el objetivo de que la típica “subestimación” del factor inflacionario a nivel nacional no genere otra vez un “desfasaje”.

El impuesto que el gobierno de Suárez tiene en la mira es el Inmobiliario. La gente lo paga de acuerdo con la base de cálculo que establece la ley de Avalúo y ese factor, dicen en el Ejecutivo, se viene desfasando hace años con la inflación real, en perjuicio de la caja provincial.

Para evitar que aumente esa brecha, esta vez el Ministerio de Hacienda dejará de atar el aumento del impuesto al pronóstico inflacionario (siempre “subestimado”) y aplicará directamente la “inflación real pasada”.

El Gobierno considera que esta medida es necesaria para empezar a corregir distorsiones históricas, aunque el efecto en los contribuyentes podría ser fuerte, por el aumento de la factura que va a producir.

Es que la inflación “pasada”, como se dijo, acumuló 47.9% entre enero y julio. Y mucho más se elevó si se compara julio de este año con el mismo mes de 2021: la diferencia interanual es del 71.8%.

Cambio

El cambio en el cálculo del Avalúo está en marcha, pero no está definida aún la cifra del aumento. Habrá un tope: “No superará la inflación anualizada”, aclaran en el Ministerio de Hacienda.

“Anualizar” significa tomar un periodo de tiempo (por ejemplo, el primer semestre de este año) y sobre esa base proyectar la inflación de todo un año.

Pronto se conocerá el número. El Poder Ejecutivo tiene planeado presentar el Presupuesto 2023 el 30 de este mes, como establece la Constitución provincial. Con él, las leyes de Avalúo e Impositiva, que siempre entran a la Legislatura en combo con la pauta de gastos del año próximo.

En el cálculo de los impuestos patrimoniales que deberán pagar los mendocinos, el Automotor no es en primera instancia un problema, ya que se toman para calcularlo los valores comerciales de los vehículos. En este sentido, se han aplicado también topes para limitar el impacto en los bolsillos de los contribuyentes.

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En cambio, el Inmobiliario sí lo es. El valor de la factura surge de los avalúos, cuyo atraso es significativo, según el Gobierno provincial. “Hace seis años que se viene licuando. Tal es así que hoy en día el avalúo inmobiliario está 25% abajo, en términos reales, de 2017. Y eso no puede seguir pasando, tenemos que empezar a recuperar un poco de recaudación”, señaló a Los Andes el ministro de Hacienda Víctor Fayad.

El funcionario explicó que “todos los mediados de setiembre se publican las pautas macrofiscales (la inflación que define la Nación) que son las que hay que tomar y a fines de setiembre presentar junto con en el presupuesto”. Y agregó: “Eso se ha venido haciendo durante mucho tiempo. Pero como nunca la pauta macrofiscal se ha cumplido, durante seis años y más también, hemos estado licuando el avalúo”.

Convencido del paso que tiene que dar, Fayad adelantó el plan. “Lo que estamos analizando hacer este año, que es una intención, porque obviamente que la Legislatura después tiene que autorizar a hacerlo, es utilizar la inflación real pasada en lugar de una inflación futura estimada para ajustar los avalúos”.

En otras palabras, según la palabra del ministro, “cuando mandemos la norma, vamos a ver cuál es la inflación acumulada a setiembre, la inflación anualizada, y usaremos ese número para ajustar los avalúos. Porque si no hacemos eso, en términos reales se está cayendo”.

Fayad evitó ponerle un número al aumento del Avalúo, y expresó que el cambio “implicaría que no vamos a perder contra la inflación”. También advirtió que ninguna cifra que se establezca puede ser “descabellada” cuando la Provincia acaba de cerrar la paritaria en 72%.

El ministro de Hacienda recalcó que “lo que queremos es dejar de perder, por la sencilla razón de que el día de mañana, cuando alguien quiera recuperar un poco, va a estar muy lejos. Nos pasa hoy con la tarifa del transporte público: está tan lejos que subir 100% (el boleto) no mueve la aguja en la recaudación. No podemos dejar que eso nos pase con el Inmobiliario”.

Para Fayad, “lo lógico sería recuperar lo perdido” e indica que, en ese caso, se debería aplicar 25% de aumento para el Inmobiliario, por encima de la inflación. “Pero el contexto no está para eso”, aclara.

Los impuestos patrimoniales

El anuncio de que habrá un aumento importante en el Inmobiliario se basa en el criterio de que, en los acuerdos de Consenso Fiscal, la meta siempre ha sido reducir los impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos, y permitir que suban los patrimoniales.

“En realidad lo que se pide el Consenso Fiscal es bajar impuestos distorsivos y subir los patrimoniales, por eso el consenso tiene techos para Ingresos Brutos y pisos para patrimoniales. De ahí surge el tema de corregir los avalúos, el Organismo Federal de Valuación Fiscal, y todas esas cosas”, señala Fayad.

La creación del Organismo Nacional de Valuación de Inmuebles para que exista un criterio objetivo de cuánto valen las casas fue incluso un pedido del propio Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el ministro de Hacienda afirma que ese órgano “no está en funcionamiento, porque hace falta mucho músculo técnico para hacerlo y mucha colaboración de las provincias”.

Fayad sostiene también que el Inmobiliario puede ser un impuesto “bastante más redistributivo si uno lo calcula bien”.

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La referencia a que tiene que haber un cambio en los valores del Impuesto Inmobiliario, porque está atrasado, viene desde hace tiempo. Sin ir más lejos, lo dijo el gobernador Rodolfo Suárez el 1 de mayo, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura. “Es importante destacar que los avalúos de inmuebles se encuentran hoy un 40% por debajo de los vigentes en 2017 en términos reales”.

La brecha respecto de 2017 es en realidad del 25%, según ha aclarado Fayad. Pero es un hecho que el Gobierno tiene decidido cambiar lo que ha venido ocurriendo.

Es que, tal como publicó Los Andes el 9 de mayo, punto más o menos, en los últimos años la Provincia siempre aplicó aumentos en el Avalúo equivalentes a la estimación de la inflación.

De acuerdo con la información oficial, ese método casi siempre le hizo perder con la inflación real: en 2018 el incremento fue del 16% y la inflación de verdad alcanzó el 47%, mientras que en 2019, el avalúo se elevó 24% y la inflación real alcanzó el 53%.

En 2020, el año más fuerte de la pandemia, hubo coincidencia entre la estimación y el aumento real del costo de vida: ambos dieron 34%, un punto menos del aumento del Avalúo.

Pero en el 2021 y 2022, otra vez volvió a estirarse la brecha. El Avalúo subió 30% siguiendo a la estimación oficial de inflación, pero la inflación real trepó al 51%; mientras que este año se aplicó un aumento del 33% en el Avalúo, cifra que al final del año quedará muy por debajo del aumento real del costo de vida.

Aunque se espere un ajuste importante, desde el ejercicio 2020 también hay topes para el aumento del Impuesto Inmobiliario. Ese año fue de 60% respecto del año anterior, mientras que en 2021 fue de 29% y este año llegó al 49%.