Potrerillos: prorrogaron por cinco años el contrato por la producción de energía

El Gobierno provincial extendió por cinco años la concesión del aprovechamiento integral del río Mendoza-Proyecto Potrerillos al Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos (Cemppsa), la compañía que construyó el dique en los años 90.

La medida se tomó porque Cemppsa tuvo, a lo largo de los 25 años de contrato, ganancias por venta de energía inferiores al límite que se había previsto en el acuerdo para el otorgamiento de una prórroga automática.

El acuerdo original fue suscripto en 1997 por el gobierno de Arturo Lafalla con el consorcio compuesto por entonces por las empresas Pescarmona y Impsa. Ninguna de las dos firmas de origen mendocino están ya en Cemppsa.

Si bien el contrato era por 25 años, el artículo 34 del acuerdo que había sido ratificado por ley, estipulaba ampliaciones de plazo automáticas: tres en total de cinco años cada una. Allí se fijó además el cálculo que debía hacerse para definir si se daban o no estas ampliaciones.

Para que Cempssa pudiera acceder al beneficio, debía calcularse la fórmula de “valor presente neto” de la compañía. Según explicó a Los Andes el titular de la Empresa Provincia de Energía (Emesa), Pablo Magistocchi, la cuenta implicaba calcular “las ventas de energía deflactadas por el índice de precios mayoristas que publica el Indec”.

“Aquella ley (6560 de 1997) fijaba la tasa, que era del 14%, con lo cual la cuenta era muy simple: debía dar 120 millones de dólares de 1999; si no se verificaban esos 120 millones, el Poder Ejecutivo estaba obligado a extender la concesión por 5 años”, afirmó el funcionario.

En estas condiciones, Magistoccchi confirmó que el vínculo con Cemppsa por la concesión de Potrerillos podría extenderse hasta los 40 años de explotación, tras lo cual sí o sí habría que realizar un nuevo contrato.

El decreto 3230 que apareció publicado este miércoles en el Boletín Oficial certificó la ampliación de concesión a Cemppsa. Por el lado de Emesa, Magistocchi explicó que se hizo “un primer análisis, de carácter técnico, para el cual se firmó un convenio de confidencialidad con Cemppsa”.

Así accedió a los balances de la empresa y verificó los montos de energía vendida, con lo cual llegó a la conclusión de que no se habían vendido los 120 millones de dólares de 1999. Lo mismo ocurrió con el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), que también certificó que los valores eran inferiores a ese umbral. Así se llegó a la prórroga efectiva.

Según el decreto 3230, el informe específico de Emesa indicó que el valor promedio de ingresos por ventas anuales de energía, para el período 1999 a 2021 era de U$S 14.144.435. También consignó que “resulta claro que es inviable que se alcance el valor meta en el periodo de concesión que finaliza en diciembre de 2023″.

Por su lado, el EPRE concluyó lo siguiente: “El resultado hallado con este procedimiento arrojó un monto de valor actual en dólares de diciembre de 1998, inicio de la concesión, de U$S 87.893.909″.

En consecuencia, en el decreto se señala que “los informes contables son coherentes entre sí y arrojan como conclusión que el valor neto de las ventas en el período analizado resultó inferior a U$S120.000.000.

REPLANTEO

El decreto de prórroga de la concesión además instruye a “las áreas con competencia específica en la materia, a fin de que oportunamente, se analice la viabilidad de celebrar una adenda complementaria en la cual se replanteen los requisitos para la prórroga del plazo de vigencia de la Concesión del Aprovechamiento Integral del Río Mendoza-Proyecto Potrerillos y la previsión de renovación automática”.

Esto surgió a partir de la intervención de la Fiscalía de Estado, que en su participación sostuvo que era conveniente analizar “la posibilidad de celebrar una adenda complementaria que replantee los requisitos para la prórroga” y que “elimine la previsión de renovación automática (en pos de la debida protección el interés fiscal), en razón de que conforme surge de los informes técnicos emitidos, existe una elevada probabilidad de que el promedio de ventas se mantenga muy por debajo de la pauta prevista, lo cual podría conducir, en la práctica, a una renovación sucesiva e indefinida del vínculo contractual, hasta el cumplimiento del plazo máximo de 40 años”.

Por lo demás, la Fiscalía de Estado compartió “en forma genérica” los informes de las partes intervinientes. Aunque también marcó que la “autoridad administrativa competente deberá mantener los estrictos controles en el cumplimiento de los deberes y pautas contractuales a cargo del concesionario, en particular sobre el estado de mantenimiento de la obra, seguimiento de las curvas de trabajo e inversión, la verificación del cumplimiento de los plazos de ejecución según contrato, ejecución de la obra y demás obligaciones convenidas”.

LA VENTA DEL CONSORCIO

El consorcio Cemppsa estuvo durante 20 años bajo el control de las empresas locales Cartellone e Impsa. En 2017, la compañía que construyó y administró el dique Potrerillos pasó a manos de BAF Capital, una empresa nacional muy diversificada, ya que además de la energía, tiene inversiones en agroindustria y construcción, entre otros rubros.

La transacción se produjo a fines de junio de aquel año. Según contó Los Andes en aquel momento Cartellone detentaba hasta entonces el control, con el 70% del consorcio, mientras que Impsa dominaba el restante 30% de acciones Clase B, C, D y E. Estas empresas también eran socias en el proyecto del dique Los Blancos.

Desde Cartellone confirmaron a este diario en aquel tiempo que la vocación de la empresa era concentrarse en la obra pública y en el sector de la construcción, dejando de lado los proyectos energéticos.

En tanto, para Impsa, la firma creada por la familia Pescarmona que en los últimos años fue capitalizada por el Estado, la medida de desprenderse de sus acciones en Cemppsa se inscribía en el marco de las gestiones que hacía para reestructurar una deuda millonaria.