¿Casualidad? La oficina que controla a los políticos no tiene presupuesto ni empleados propios

El anuncio del envío al Senado provincial del pliego del ex diputado radical Gabriel Balsells Miró como candidato a seguir dirigiendo la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública puso en foco a un organismo de control cuyo valor simbólico es mucho mayor al que la propia política le asigna en lo concreto como estructura del Estado mendocino.

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La Oficina de Ética controla a los funcionarios públicos y fue creada por ley en 2017. Si bien su existencia ha sido considerada un logro, el organismo contó este año con un presupuesto de apenas 4.246.661 pesos, poco más que el equivalente del sueldo del auditor general.

En el contexto de los órganos de control, viene a ser una especie de cenicienta. En tren de comparaciones, el Tribunal de Cuentas tuvo este año un prepuesto de 1.900 millones de pesos. La Fiscalía de Estado, por su lado, tiene una pauta mayor, del orden de los 2.300 millones, aunque más del 50% se usa para pagar los juicios de la provincia.

En cualquier caso, la diferencia es descomunal con la Oficina de Ética que funciona con 14 empleados por todo concepto, incluidos los funcionarios. Además, todo el personal es “prestado” de otras áreas del Estado. “Se evaluaron las capacidades y todos llegamos a préstamo”, señala el ex legislador radical Diego Seoane, quien está a cargo de la Subdirección de Acceso a la Información Pública.

La Legislatura tiene mucho que ver con su subsistencia, no sólo por quienes trabajan allí, sino también por su emplazamiento físico, que no es muy fácil de detectar. La Oficina de Ética tiene despachos en el anexo de calle Gutiérrez, junto a otras dependencias legislativas, en el edificio donde está el Espacio Contemporáneo de Arte (ECA).

Las investigaciones

A la Oficina de Ética se la conoce más que nada por ser la que administra las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios. Pero en su funcionamiento han ido ganando cada vez más espacio los pedidos de acceso a la información pública, de los cuales es garante.

Según Seoane, en lo que va del año, ya se han presentado 300 pedidos en su sector. La Oficina se encarga de que estos planteos de ciudadanos o incluso dirigentes políticos sean respondidos en un tiempo más o menos breve (15 días que se pueden prorrogar por otros 15 más). La gran mayoría de ellos es respondida en tiempo y forma. “La tasa de respuesta de los pedidos es del 95 por ciento. Queda un 5 por ciento que viene en recurso y ese remanente se termina de completar, con lo cual la tasa de entrega de la información es cercana al 99 por ciento”, ha dicho Seoane.

El modelo que impulsó la ex vicegobernadora Laura Montero en la ley de Ética Pública incluyó entre sus novedades el pase de la oficina de Investigaciones Administrativas de la Fiscalía de Estado a la nueva y modesta estructura. Sin embargo, esa área hoy no tiene demasiada actividad. Explican en el organismo que esto se debió a que “fue variando el viejo estilo de denuncia, que migró a pedidos de acceso a la información”.

Primero estaba a cargo de Investigaciones Administrativas un funcionario “prestado” de la Fiscalía de Estado, Javier Fernández. Pero Fernández emigró a la Corte y quedó al frente Sebastián Giordano, uno de los hijos del recordado exfiscal de Estado Alfo Giordano.

El área de Investigaciones Administrativas tuvo una efímera participación en la polémica por el subsidio que le había otorgado el Poder Ejecutivo al pastor evangélico Héctor Bonarrico, quien por entonces estaba vinculado a Cambia Mendoza, la coalición oficialista.

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Cuando se conoció el tema, en IA iniciaron una investigación de oficio, pero el expediente duró pocos días en ese ámbito, ya que lo requirió la Justicia. “Nosotros no juzgamos delitos, si no conductas éticas, cuando hay una causa penal perdemos jurisdicción”, se atajó un vocero de Balsells Miró.

La investigación mas relevante que tuvo esta área en los últimos tiempos fue la que se generó por el doble cargo de dos concejales de Tunuyán, el justicialista Juan Marcelo Vidal y el radical Luis López. Giordano dictaminó que existía una “incompatibilidad funcional”, ya Vidal y López, además de ejercer como ediles, trabajaban como médicos para el Estado provincial.

Vidal renunció a la banca en el Concejo Deliberante, pero el conflicto con López escaló a nivel político. Tanto que el gobernador Rodolfo Suárez consideró que el dictamen de la Oficina de Ética era una “aberración”. Así y todo, Balsells Miró insistió con su postura original y consiguió que López, hoy candidato a intendente de Tunuyán, renunciara al cargo de médico

Las declaraciones juradas

La Oficina de Ética maneja también las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios. Es una tarea que heredó de la Fiscalía de Estado, que las acopiaba antes por un decreto de Francisco Pérez que generó la obligación.

En la plataforma de la Oficina de Ética se puede acceder a las últimas ddjj anuales de los funcionarios pública, aunque no se encuentra cargado el histórico, o sea, las de los años anteriores. Es decir que por medio de un par de clics no se puede verificar la evolución de los patrimonios. El trámite para eso es un poco más complejo.

Antes, bajo dominio de la Fiscalía de Estado, las declaraciones menos nuevas estaban a la vista. “A partir de 2015 se cargaban manualmente las declaraciones en la página y se podían revisar las de los años anteriores”, señalan en ese organismo.

Cuando se creó la Oficina de Ética Pública, todas las declaraciones, en formato papel y digital, pasaron allí. Pero hubo un cambio de “formato” que las hizo más restringidas.

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“No hay impedimento para verlas”, aclaran de todos modos cerca de Balsells Miró. Eso sí, hay que elaborar un pedido de acceso a la información pública para que sean proporcionadas. “El trámite es rápido porque la información la tenemos aquí”, aseguran las fuentes.

De cualquier forma, el anuncio de que Suárez, a pesar del incidente por el concejal radical López, quiere que Balsells Miró siga al frente de Ética Pública, llevó a una legisladora opositora a plantear que el auditor general debe ser una persona ajena a la política.

Con el propósito de evitar la reelección del auditor actual, la diputada demócrata Mercedes Llano planteó reformar la ley de Ética para cambiar los requisitos de selección. Propone en su proyecto que el elegido no tenga ninguna actuación política en los últimos 10 años. También plantea empoderar al auditor general para dar pelea contra la corrupción y que no sea posible la reelección en el cargo.

Pero la iniciativa podría quedar estancada en comisiones debido a que el oficialismo es mayoría y cuenta con los votos para que el pliego del ex diputado radical consiga los votos para extender su mandato cinco años más.