La Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas piden más presupuesto y autonomía administrativa

La Legislatura ha sido la sede en los últimos días de la participación de diferentes funcionarios políticos, quienes han presentado los números del Presupuesto 2021, que se discutirá entre los legisladores a partir de la semana que viene, una vez que termine la ronda de consultas. Ayer fue el turno de los organismos de control, cuyos titulares exigieron más presupuesto para hacer frente al año, e insistieron en más independencia para poder utilizar recursos y nombrar personal.

Los que se presentaron fueron el fiscal de Estado, Fernando Simón; y el presidente del Tribunal de Cuentas, Néstor Parés, quienes tuvieron discursos bastante similares ante los legisladores, más allá de las diferencias entre cada una de las entidades.

La propuesta de ayer fue similar a la que se realizó el año pasado, teniendo en cuenta que tanto Parés como Simón marcaron la necesidad de contar con más dinero. Es que más del 90% del dinero que va al funcionamiento de cada órgano se destina a salarios, por lo que casi no hay margen para invertir en mejoras edilicias o tecnológicas.

Además, se volvió a insistir en tres artículos del Presupuesto que son, tanto para Parés como para Simón, inconstitucionales, porque marcan que se debe pedir autorización para nombrar personal o modificar partidas. Se trata del 8, 24 y 35, que disponen modificaciones presupuestarias dentro de cada jurisdicción; modificaciones de la planta de personal y transferencias de empleados por reestructuraciones; y la autorización del Poder Ejecutivo para nombramiento de personal.

En diálogo con los legisladores, Simón solicitó que los organismos de control, de extrapoder, "no estén sometidos ni subordinados al Poder Ejecutivo para disponer de sus recursos. En la misma posición está el Tribunal de Cuentas.

Los fondos y recursos tienen que poder ser administrados sin subordinación del Poder Ejecutivo", señaló, ya que tal como está planteada la ley, estos organismos tienen que pedir autorización al ministerio de Hacienda para contratar personal.

“Si el ‘controlante’ tiene que pedir al ‘controlado’, estamos subordinados. Esto no es adecuado ni conveniente, es inconstitucional”, destacó el ex legislador peronista.

No obstante, si bien admitió que durante años anteriores no han tenido conflicto cuando han pedido autorizaciones “siempre está la tensión en cada situación. Fiscalía no tiene por qué pedir permiso”.

“Si esto sucede, terminará en un planteo de inconstitucionalidad y conflicto de poderes, que sería bueno evitarlo”, adelantó.

En el turno de Parés, el ex presidente de la Cámara de Diputados acompañó el reclamo de Simón, pero destacó que -más allá que no debería pedir permiso- se solicitó que se ocupen algunas vacantes, como la dirección de Municipalidades, y puestos para servicios generales, “teniendo en cuenta que para 2020 se han jubilado 5 personas y esos cargos no se han cubierto”.

Será importante conocer si el pedido de Simón y Parés es acompañado el próximo lunes por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, teniendo en cuenta que su antecesor, Jorge Nanclares, se unió a este reclamo. También se destaca que en esa discusión del año pasado pidió por esta independencia en la utilización de recursos Mariana Silvestri, defensora general.

Menos recursos

Ambos organismos también pusieron en foco la merma de recursos reales respecto al Presupuesto 2020, aunque marcaron que se entiende la situación de crisis económica por la pandemia del coronavirus.

El total previsto para Fiscalía de Estado es de $463 millones, de los cuales $195 millones corresponden a la partida de juicios que debe pagar el Estado; mientras que los $268 millones restantes van a parar al funcionamiento de la Fiscalía.

No obstante, el requerimiento en lo que son juicios es de $250 millones, por lo que Simón espera que el Gobierno “realice los envíos de los recursos mientras va desarrollándose el año, como ha solido hacerlo anteriormente”.

En tanto, de los $268 millones, la mayor parte se va en el pago de salarios, a lo que se suman “pequeños gastos en bienes de capital, porque hay que equipar a Fiscalía sobre todo en lo informático”. De hecho, la incidencia de la Fiscalía de Estado en el Presupuesto pasó del 0,35% hace 5 años, a un 0,1% como es ahora.

Por otro lado, Parés sostuvo que el Presupuesto del Tribunal de Cuentas se va en un 95% en el pago de sueldos, y también se quejó de lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, ya que había solicitado unos $120 millones más de lo que recibirá si se aprueba el Presupuesto.

El funcionario señaló además la necesidad de renovación de algunos vehículos utilizados para notificaciones y además recordó la importancia de construir un edificio propio. “Tenemos un terreno en calle Necochea, entiendo que hoy la situación no es buena, pero en algún momento sería bueno hacer el edificio propio para el Tribunal y para Fiscalía de Estado, que está previsto en el mismo lugar”, finalizó.