Para no modificar la Corte Suprema, Alberto impulsaría un tribunal arbitral intermedio

El presidente Alberto Fernández podría enviar en las próximas semanas al Congreso un proyecto de ley para la creación de un tribunal arbitral intermedio que le quite trabajo a la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, en lo referido a los recursos procesales en causas de corrupción.

El tema está en evaluación entre el jefe de Estado y la ministra de Justicia, Marcela Losardo. Según fuentes oficiales consultadas por este diario, ya existe un “borrador” sobre el cual están trabajando. La iniciativa surgió del informe (de 969 páginas) que el Consejo Consultivo para la reforma de la Justicia Federal le entregó al Gobierno hace un mes.

Sería una avanzada política intermedia sobre la Justicia para no tocar la integración de la Corte Suprema de Justicia tal como lo pide la vicepresidenta Cristina Fernández, para quien el máximo tribunal en principio debe renovar sus integrantes y también ampliarse a nueve jueces. El Presidente y Losardo están en contra de ese pedido.

Con algunas diferencias conceptuales internas, el Consejo Consultivo recomendó a avanzar en este sentido. En el informe, los expertos se preguntaron: ¿Es razonable que la Corte vea sobrecargada tan seriamente su actividad institucional por el tratamiento de las sentencias que adolecen de arbitrariedad?

Y continuaron: ¿No sería necesario crear un tribunal intermedio y dejar las manos libres del más alto tribunal para que cumpla su doble misión institucional, consistente en la tarea guardiana de los derechos fundamentales de los habitantes y su actividad como alto poder político de la Nación, moderador en el libre juego de los poderes constituidos de la República?

De este Consejo, creado el 30 de julio de 2020 por el decreto 635, está conformado por Claudia Beatriz Sbdar, Hilda Kogan, María del Carmen Battani, Marisa Herrera, Inés Weinberg de Roca, Carlos Alberto Beraldi, Andrés Gil Domínguez, Omar Palermo, Raúl Gustavo Ferreyra, León Arslanian y Enrique Bacigalupo.

Según los expertos, la ciudadanía constitucional otorgada a las sentencias arbitrarias a partir de 1909 marca, por un lado, el inicio del “debilitamiento de este aspecto del recurso extraordinario federal”. Y, por otro, el crecimiento exponencial de la impugnación de las decisiones de las sentencias definitivas dictadas por la Corte de la causa mediante la arbitrariedad de sentencia.

Este camino, que permite la apertura de la jurisdicción apelada de la Corte, ha obligado al tribunal al ejercicio de una actividad más ligada con la casación o uniformidad del Derecho. Y la enorme mayoría de las causas que hoy llegan a estos estrados están fundadas o relacionadas con arreglo a la doctrina de arbitrariedad de sentencias.

Por ello, con la idea de “superar la falla”, el Consejo propuso a Fernández la creación del “Tribunal intermedio de control de motivación de sentencias”, que tendría competencia para conocer en los recursos que se interpongan contra las sentencias definitivas dictadas por los Tribunales Superiores de Provincia y por las Cámaras Nacionales y Federales de Apelación, con exclusión de la Cámara Nacional de Casación Penal, y contra los cuales se invoque alguna causal de arbitrariedad, absurdo o exceso ritual.

Quiénes lo proponen

Esta idea de un nuevo tribunal pertenece a Herrera, Sbdar, Arslanian, Gil Domínguez, Palermo y Beraldi, quien es abogado de Cristina Fernández en causas en las que la ex presienta es investigada por supuestos graves hechos de corrupción en sus mandatos, entre 2007 y 2015, incluso acusada como jefa de una asociación ilícita.

Gil Domínguez y Herrera plantearon un “Tribunal de Sentencias Arbitrarias”, dividido en salas por especialidad, que entienda como alzada de las Cámaras Federales, Casación y los Superiores Tribunales de las Provincias. Palermo propuso un “Supremo Tribunal Federal” para tratamiento de sentencias arbitrarias y casación penal y no penal en la justicia federal. Arsalanian recomendó establecer un tribunal federal de casación no penal, dividido en salas por especialidad.

Y Beraldi sugirió un tribunal que sería competente en los recursos de casación, inconstitucionalidad y revisión interpuestos contra las sentencias definitivas o equiparables a tales dictadas por las Cámaras Federales de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, en lo Contencioso Administrativo Federal y de la Seguridad Social, con asiento en la Ciudad de Buenos Aires y las Cámaras Federales de Apelaciones con asiento en el interior del país.

En contra de la propuesta de un tribunal intermedio se pronunciaron las consejeras Battaini, Kogan y Weinberg. Fundaron su posición en que crear una instancia entre los Superiores Tribunales de las Provincias y la Corte Nacional es inconstitucional.

Puntos de acuerdo con Fernández

Al nuevo tribunal sobre el que avanzaría el Gobierno se le asignaría sólo competencia negativa, lo cual significa que, en caso de estar configurada la arbitrariedad, descalificaría el fallo y lo reenviaría al tribunal de origen a fin de que se dicte nueva sentencia.

Además, y con el objeto de evitar la proliferación de los recursos, y asimismo evitar el mal que se pretende erradicar, se dispone en el proyecto que lo resuelto por el tribunal sea irrecurrible, salvo aquellos casos en los cuales se advierta la presencia de alguna de las causales previstas en los tres incisos del artículo 14 de la Ley 4897.

El Consejo hizo una afirmación que coincide con lo que Fernández dijo en varias oportunidades como abogado, aún antes de ser Presidente. “La sobrecarga de tareas de la Corte existe”, dice el texto y agrega: “Pareciera haber consenso dogmático respecto de que, bajo tales circunstancias, se hace difícil esperar que la Corte pueda tener un desempeño racional, dado que la situación conspira decididamente contra la posibilidad de que los jueces puedan meditar con solvencia, profundidad y erudición sobre aquellos fallos que por su trascendencia afectarán el desarrollo progresivo de los derechos y bienes de los ciudadanos y las competencias de las instituciones del gobierno republicano”.