Un sector del PJ le pide explicaciones a Suárez por el contrato con Edemsa

El contrato que firmó el Gobierno provincial con Edemsa empieza a tener cuestionamientos en forma oficial. Mientras se espera que se den a conocer los números que calculó el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) y que están bajo reserva hasta que el contrato esté vigente, llegó un pedido de explicaciones el cuarto piso de la Casa de Gobierno.

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Marcos López y Martín Lafalla, del Grupo Olascoaga e hijos de recordados dirigentes peronistas, presentaron un escrito que definen como un recurso administrativo dirigido al gobernador Rodolfo Suárez. Expresan preocupación y solicitan acceso a la información no difundida y además la fijación de audiencias públicas. También giraron notas a la Fiscalía de Estado, Oficina de Ética Pública y el EPRE advirtiendo sobre algunos puntos.

Mientras los partidos políticos están abocados al cierre de listas, un grupo de dirigentes de extracción peronista siguen de cerca el convenio del Gobierno provincial con Edemsa. Hace semanas se anunció el acuerdo entre las partes para renovar la concesión por 20 años más.

Hay una serie de beneficios mencionados pero, de acuerdo a lo que plantea el Grupo Olascoaga, no hay información sobre cuál es el cálculo de la deuda que hay con la empresa. En el convenio la firma reclama por “ingresos no percibidos” al 31 de diciembre del 2022 $143.156 millones pero el Gobierno no acepta esa cifra, según consta en el contrato.

La presentación que hacen Lafalla y López se da en el marco de la Ley 9003 (Ley de Procedimiento Administrativo) y ante el contenido del art. 4to. del Decreto 366/2023 del 17/03/2023 (según fue publicado en el Boletín Oficial). Allí expresa que “el Acuerdo Transaccional que como Anexo I forma parte de la presente norma legal, así como la totalidad de los acuerdos de idéntico tenor y finalidad celebrados con las empresas concesionarias del servicio públicos (sic) de distribución de energía eléctrica de la provincia de Mendoza deberán ser sometidos a tratamiento en audiencia pública en forma previa a su entrada en vigencia y a la implementación en los cuadros tarifarios de lo acordado en los mismos”.

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El escrito plantea que ‘’a más de 45 días de publicada la aprobación del primero (con Edemsa) se ordena ahora que todos serán sometidos a ‘tratamiento’ en audiencia pública’'. Sin embargo aseguran que ‘’todavía no se ha convocado a alguna de ellas; pues la que hoy tramita, y en la que nos hicimos presente, no tiene por objeto dicho tratamiento, sino que tiene carácter “informativo” (ver convocatoria).

Una de las aclaraciones que se hacen en el escrito dirigido a Suárez es que ‘’la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido terminante sobre el carácter previo y obligatorio de la audiencia pública frente a las modificaciones tarifarias (caso “Cepis”, 2016) lo que es absolutamente aplicable en este caso’'. Consideran que ‘’el referido Acuerdo Transaccional con Edemsa modifica sustancialmente el régimen tarifario vigente conforme el contrato de concesión que el referido acuerdo modifica y amplia en al menos veinte años’'.

La preocupación de los firmantes del escrito es por el hecho de que continúan ‘’sin obtener el acceso a ‘una información adecuada y veraz’ como nos lo asegura el art. 42 CN y la hemos solicitado expresamente a las autoridades intervinientes, sin respuesta satisfactoria a la fecha’'.

La preocupación es mayor ‘’cuando dichas autoridades manifiestan que para su entrada en vigencia sólo falta el cumplimiento de condiciones suspensivas que tienen carácter puramente potestativo’' ya que dependen de la conducta de las concesionarias (las empresas) ‘’pues se trataría de renuncias a reclamos provinciales, nacionales e internacionales que desconocemos absolutamente y sobre los que carecemos de información pormenorizada de cada uno por parte de la autoridad competente para la intervención en dichos reclamos que es el señor Fiscal de Estado’'.

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Estas renuncias son las que se esperan para levantar la reserva y dar a conocer cifras sobre cuál es el valor de la deuda, según el EPRE y también el costo de cada uno de los beneficios que tendrán las empresas.

Por otra parte piden también ‘’información completa acerca del expediente 94705 caratulado “Edeste SA c/ Provincia de Mendoza p/ A.P.A.” que estaría ‘radicado por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación’, como lo expresa el Dec. 366/2023 en sus considerandos iniciales’'.

Lafalla y López remarcan que todo lo solicitado ‘’es imprescindible para poder realizar las audiencias que ahora el Gobierno ha comprometido para todos los acuerdos alcanzados y hasta ahora muy poco ha informado a quienes poseemos interés en participar por investir nuestro carácter de afectado’ en los términos del art. 43 CN’'.

Los dirigentes se alarman porque surge de los textos de los Acuerdos aprobados por el Gobernador y por el EPRE ‘’la contractualización y efectiva transferencia a los concesionarios, del poder tarifario y de la obligación de inversión efectiva en el servicio concesionado, por 20 años más bajo esas nuevas reglas inadmisibles (casos “Gómez” y “Ventafridda” -de más de un siglo-, ambos ratificados en “Cepis” por la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación)’’.

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Advierten entonces que ‘’en todos los casos, de contar con la hipotética autorización para una ‘prórroga por veinte años más’ la misma no podía incluir cambios sustanciales en sus términos contractuales ni podía exceder esos veinte años, pues -de lo contrario- no significaría una “prórroga” sino una nueva concesión’'.

‘’Se hace imprescindible la intervención de la Legislatura para aprobar expresamente la nueva celebración y los nuevos contenidos luego de la opinión fundada del Fiscal de Estado y de todo el directorio del EPRE, lo que aún no ha ocurrido’', remarca el escrito. Por todo esto es que le piden a Suárez que ‘’aclare suficientemente el alcance de la norma impugnada, y ordene proveer a los usuarios la totalidad de la información sobre lo actuado, previo a la suscripción de los acuerdos, y en especial el de Edemsa’'.

Y que ‘’recién con esa información a disposición de los interesados convoque a audiencia pública previa a la ratificación de los acuerdos con los concesionarios. Consecuentemente suspenda la aplicación del Acuerdo Transaccional con Edemsa hasta que estos necesarios pasos se cumplan’'.

La nota a la Fiscalía de Estado

Un extenso escrito presentado al Epre en donde se exponen datos y se hacen consultas puntuales sobre el convenio fue adjuntado a una nota dirigida a Fernando Simón, Fiscal de Estado. A través del mismo, plantean dudas sobre el convenio.

‘‘Motiva nuestra inquietud el hecho de que las autoridades manifiestan en audiencia pública que Usted ha prestado su conformidad previo control de la oportunidad, mérito y conveniencia de lo actuado. Son numerosos y desconocidos los reclamos judiciales y ante el CIADI que estarían incluidos en su conformidad’', expresan en la nota.

El pedido al Fiscal de Estado es para que les haga saber a los firmantes ‘‘de la documentación ignorada por nosotros y de su opinión fundada ni bien esté disponible. Asimismo, pedimos que nos comunique sobre los pasos formales que estime conveniente producir como consecuencia de esta muy grave situación institucional’'.