La Justicia condenó al arzobispo de Salta por violencia de género y lo obligan a hacer tratamiento psicológico

La jueza Carolina Cáceres Moreno emitió una sentencia donde condena al arzobispo Mario Cargnello y otros líderes religiosos por casos de violencia de género contra las monjas Carmelitas Descalzas del Convento San Bernardo en Salta, Argentina.

Esta decisión judicial obliga a los condenados a someterse a tratamiento psicológico y capacitarse en género.

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La sentencia establece la prohibición de acercamiento y detalla los diversos actos de violencia física, psicológica y económica ejercidos por los responsables contra las monjas durante más de dos décadas.

Entre los condenados se encuentran el sacerdote Lucio Ajaya, el obispo emérito Martín de Elizalde y el vicario judicial Loyola Pinto, además del arzobispo Cargnello.

La magistrada Cáceres Moreno registró en su sentencia los hechos de la siguiente manera: “la obstrucción/demora/negativa en la elección de la Priora y el préstamo de dinero al Obispo sin devolución a la fecha, lo que configuró violencia de género del tipo psicológica y económica”.

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Las medidas impuestas incluyen un programa de tratamiento psicológico de seis meses y capacitación en género y violencia, supervisado por el Observatorio de Violencia Contra las Mujeres.

Además, se ordenó notificar al Papa Francisco y se impusieron costas judiciales a los acusados, con revisión de conducta de los abogados involucrados.

Inicios de la causa: denuncia al arzobispo por parte de Carmelitas Descalzas

La causa judicial por violencia se remonta al año 2022, cuando Carmelitas Descalzas denunciaron al arzobispo. A los tres denunciados se les prohibió el acercamiento a 300 metros del Convento San Bernardo, se ordenó una custodia policial y se fijó audiencia judicial para el mes de mayo de ese año.

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“Las situaciones de hostilidad, que se dieron desde 1999 hasta el lunes pasado, llevaron a que la madre superiora decidiera hacer esta denuncia, porque las carmelitas descalzas necesitan vivir sin violencia, cuidar su integridad física, que respeten sus creencias y la autonomía del monasterio”, expresó en ese entonces la abogada Claudia Zerda Lamas.

La jueza también alentó a las denunciantes a participar en retiros y ejercicios espirituales para abordar las secuelas psicológicas del maltrato sufrido.