Recursos elementales para el servicio de justicia

En el marco del análisis legislativo del Presupuesto provincial para el próximo año, los titulares del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa presentaron puntuales requerimientos para poder llevar a cabo con más celeridad las tareas que fija el sistema judicial.

De lo expuesto por ambos funcionarios en la Legislatura, surge que las dos áreas tienen importantes limitaciones en lo que se refiere a los recursos presupuestarios. La Defensoría Pública, que debe darle cobertura a quienes no tienen los medios para contratar un abogado, depende sólo del 5% de lo que se recauda por tasas judiciales. Y, como explicó su titular, cuando el nivel de litigiosidad en los tribunales baja le llegan menos fondos, como este año, en el que los efectos de la pandemia también repercutieron en el movimiento judicial. Además, el organismo no cuenta con personal suficiente (no se pide ampliar la planta de personal sino poder contratar en forma eventual), carece de peritos y médicos expertos en criminalística y hasta debe depender de la información que puedan compartirle el Ministerio Público Fiscal, que es la parte que investiga, o la Corte por carecer de sistemas informáticos propios.

En lo que se refiere al Ministerio Público Fiscal, otra puerta de entrada de la ciudadanía a la Justicia, también hay reclamos válidos. En este caso el primer planteo que se realizó fue el del requerimiento de más fiscales para evitar que, como ocurre ahora, un solo magistrado por juzgado tenga que investigar, con lo cual van quedando relegadas y se acumulen eternamente las causas de menor entidad, pero no menos importantes para el ciudadano común. El pedido se completa con la oralidad para las cuatro circunscripciones judiciales de la provincia y el turno vespertino de la Justicia extendido a todas las zonas de la provincia.

Además, la exposición del Ministerio Público Fiscal ante los legisladores demostró que la acumulación de casos lleva a que cuando se trata de causas de menor trascendencia, se avise a las víctimas que la investigación no continuará, dándole la posibilidad al afectado de seguir su propio caso mediante su abogado particular o a través de un profesional asignado por el Colegio de Abogados. Es una solución, sin duda, pero no siempre es lo que la gente espera de la Justicia.

No caben dudas de que en los últimos años se llevaron a cabo mejoras en el sistema judicial de Mendoza que permitieron responder a muchas demandas de la sociedad. Justamente, el área de la defensoría oficial fue creada en 2018. Pero la consolidación de un servicio de justicia que permita cubrir las necesidades de la población en su totalidad requiere de una pauta presupuestaria acorde, que de ninguna manera puede ser considerada como un exceso o mal uso de recursos. Todo lo que se incorpora en el Estado para servir a la gente debe ser acompañado de los recursos correspondientes. De lo contrario, toda queda en una mera expresión política sin resultados a la vista, como suele ocurrir con las muchas obras que se inauguran a medias.