Celulares en las cárceles: los fiscales secuestraron 147 aparatos vinculados a delitos

Los teléfonos celulares en manos de personas privadas de la libertad siguen despertando polémica mientras se resuelve cómo será el retiro de equipos. El Ministerio Público Fiscal expuso datos sobre el uso delictivo de los aparatos: 56 allanamientos, 147 aparatos secuestrados y un festival de chips escondidos.

En el informe presentado al juez Sebastián Sarmiento, quien finalmente dispuso el retiro bajo condiciones cuestionadas por este órgano judicial, se hizo referencia a tres tipos de modalidades delictivas: publicaciones en redes sociales para compra y venta de artículos; compra de teléfonos con comprobantes apócrifos y denuncias online con fines extorsivos.

Hay revuelo en el edificio del Polo Judicial por el uso de los celulares en las unidades penitenciarias mendocinas. Desde el Ministerio Público Fiscal partió un recurso cuestionando la resolución del juez Sarmiento por cómo dispuso que sea el retiro de equipos. Ese planteo, que ingresó en el edificio que se ubica a pocos metros, será resuelto por un tribunal que se sorteará para tal fin.

La posición abogaba por la implementación del Código de Ejecución de la pena privativa de la libertad (ley 8465). En el artículo 98 inciso “v”, se establece que “utilizar y/o poseer teléfonos celulares y/o terminales móviles de comunicación” es una falta disciplinaria de tipo “media” (está entre las leves y las graves).

Al autorizar el uso de celulares para las personas privadas de la libertad entró en vigencia un reglamento sobre cómo sería la utilización, horarios, redes sociales y demás. Uno de los puntos clave del reglamento es el registro que debe hacerse de la línea.

El familiar de la persona detenida trae el equipo y luego queda registrado el número y la persona que lo tendrá. Esa vinculación es clave para laJjusticia a la hora de rastrear las identidades de quienes hacen secuestros virtuales, extorsionan por mensajería instantánea o estafan a través de publicaciones de bienes o servicios por internet.

Al recibir una denuncia, las tareas de inteligencia que hacen los fiscales empiezan identificando qué empresa prestó el servicio y a nombre de quién está. Allí es donde se coteja que algunos de los números están vinculados a personas privadas de la libertad.

Se buscan redes sociales, mails y toda información que permita esclarecer la denuncia. Si hay elementos, el o la fiscal a cargo pide a un juez o jueza que se realice el allanamiento en la unidad penitenciaria. Con la autorización en mano, se buscan los dispositivos.

Delinquir y comunicarse con la familia

El jefe de Fiscales de Homicidios, Fernando Guzzo, es el encargado de aportar los datos del Ministerio Público Fiscal sobre las modalidades delictivas que se habían evidenciado luego de recibir varias denuncias y de avanzar con las investigaciones.

Ya en el 2022 se le había advertido a Eduardo Orellana, director general del Servicio Penitenciario sobre los problemas que había. El Ministerio Público Fiscal convocó formalmente al funcionario por la “profunda preocupación” que tenía el órgano judicial “en relación a la problemática real y actual respecto al conflicto existente entre el derecho a la información y comunicación de las personas privadas de la libertad en dependencias penitenciarias y el uso de dispositivos de telefonía celular como instrumento para la comisión de delitos y de su valor como objeto de delitos dentro de tales instituciones”, dice la nota con fecha del 3 de octubre del 2022.

En esa misma misiva, se colocó un dato que alarmaba a algunas autoridades en el Polo Judicial: entre el 21 de agosto y el 16 de setiembre de ese año (casi un mes) se habían radicado 300 denuncias relativas a delitos cometidos conforme a las particularidades que se habían descripto en los párrafos anteriores.

Para el Ministerio Público no había dudas sobre el uso de celulares. Además de garantizar la comunicación oral y escrita que las personas privadas de la libertad tienen con sus familiares, se utilizaban para delitos.

Las pruebas más concretas llegaron con datos del año pasado. El informe entregado –y al que tuvo acceso Los Andes- habla de 53 allanamientos durante el 2023 y el secuestro de 147 equipos. El promedio da casi tres aparatos por operativo, pero hay casos en los que se han encontrado entre 7 y 10 dispositivos.

Ni hablar del festival de chips que se buscan introducir evitando el registro y con códigos de área de distintas jurisdicciones. En un mismo aparato rotan los chips, complicándole a la Justicia la identificación de la línea. “Hay uno que tiene una causa abierta por querer meter 27 chips”, cuentan en el edificio del Polo Judicial.

Estafas y extorsiones con logos oficiales

En diciembre del año pasado, la Coordinación General del Ministerio Público Fiscal elaboró un informe sobre las causas abiertas en relación a delitos cometidos desde celulares en unidades penitenciarias. Unidades Fiscales de Delitos Económicos e Informáticos; de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores; Homicidios y Violencia Institucional llevaron a cabo más de 56 allanamientos.

Del análisis de las causas que investigaron fiscales de Delitos Económicos e Informáticos, se desprenden tres modalidades. En relación a la compra y venta que se suele utilizar en Marketplace u otras redes sociales, el MPF detectó que se hacían ofrecimientos –desde teléfonos ubicados en penitenciarías- de inmuebles para fines turísticos o eventos.

Y luego se establecía contacto con la víctima a través de llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp para concretar la transacción, indicándoles dónde realizar las transferencias de fondos o las señas de alquiler. “Es importante destacar que estas causas suelen tener impacto en antenas cercanas a instituciones penitenciarias, con líneas asociadas a titulares cuya identidad ha sido usurpada”, aclara el informe.

Uno de los datos más alarmantes es el vinculado a la modalidad de denuncias online falsas con fines extorsivos. A lo largo del 2023 se recibieron muchas denuncias en el formulario “Grooming y Pornografía Infantil” y cuando el MPF investigaba esas causas, detectaron que muchas provenían de correos vinculados a establecimientos penitenciarios”.

Los comprobantes de la denuncia llegan con el logo institucional que con una edición básica llega a ser el membrete de una denuncia falsa. Eso era enviado a personas y se las extorsionaba con dinero a cambio de no avanzar con la causa. “El que alguna vez mandó un mensaje o se hizo el vivo, se desesperó por pagar y era una denuncia falsa”, agregaron desde una oficina del Polo Judicial.

¿Mercado negro?

Mientras se resuelve el recurso y sin certezas de qué podrá pasar, algunos palpitan más problemas en las unidades penitenciarias. “Van a empezar a ingresar celulares ilegales, no hay dudas de eso”, advierte el juez Sarmiento.

“Va a haber un comercio con niveles de corrupción mucho más altos. Todo tipo de prohibición cuando es así, genera contrabando y todo lo que acarrea”, dice el magistrado que si bien autorizó el retiro de los equipos, pidió que fuera paulatina y condicionando a la instalación de teléfonos en los pabellones.