Con duros términos, el Colegio de Abogados le reclama a la Corte por una serie de inconvenientes

El Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza de la Primera Circunscripción Judicial (Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Maipú, Las Heras, Guaymallén, Luján de Cuyo y Lavalle), que preside Andrea Maturana, le enviaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia una serie de pedidos en relación al funcionamiento del Poder Judicial que, consideran, afectan en el desempeño de matriculados y matriculadas.

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El primero de los puntos que le llegaron a Dalmiro Garay, reelecto ayer por dos años más, tiene que ver con el conflicto salarial que mantienen los empleados judiciales, cuyo gremio conduce Ricardo Babillón (hoy firmó el sindicato que nuclea a los funcionarios judiciales). Durante el debate por la elección de autoridades que transcurrió en el cuarto piso de Tribunales, varios empleados hicieron una ruidosa manifestación en reclamo de mejores salarios.

“El personal ha tomado judicial ha tomado diversas medidas de acción directa por reclamos salariales de carácter alimentario frente al grave y crítico proceso inflacionario que nos atraviesa”, expresan las autoridades del organismo en el escrito. “Dichas acciones de índole sindical implican actividades en el lugar de trabajo sin prestación de servicios, afectando seriamente el avance judicial en todas sus instancias”, agregan.

Esta situación ha afectado “seriamente” el avance judicial en todas sus instancias y por ende, la labor profesional. A ello se le suman “los conocidos y reiterados inconvenientes en el sistema Iurix On Line que se mantienen en todos los fueros judiciales desde principio de año”.

El Colegio de Abogados manifiesta que estos inconvenientes han ralentizado los trámites y los tiempos se han alargado “de manera desmedida y a veces absurda en actos procesales de mero trámite”.

Con duros términos hablan de conspirar contra la actividad por “las demoras injustificadas en el dictado de las sentencias en instancias iniciales, de apelación y esencialmente en las extraordinarias a vuestro cargo (NdR: en relación a la Corte)”.

Además mencionan “la amplia diversidad de criterios para la preclusión de etapas procesales y en las exigencias procesales no esenciales” que obstaculizan el desarrollo de la actividad judicial.

Otro de los reclamos tiene que ver con la actualización de la unidad de medida judicial JUS que se utiliza como base de cálculo de honorarios profesionales. “No ha registrado variaciones desde el 1 de enero del 2023 a la fecha” remarcan. Los motivos del pedido son, obviamente, la situación inflacionaria.

“La falta de respuesta de este Máximo Tribunal a nuestros legítimos reclamos, hoy es calificada por nuestra colegiatura como una omisión institucional grave y como un desprecio del emolumento del abogado y del procurador, que a través del honorario conforma su único y exclusivo ingreso en su actividad privada y autónoma”, dice uno de los párrafos más duros de la nota.

En el Colegio de Abogados y Procuradores se asombran porque consideran que “nuestros profesionales abogados y procuradores, calificados como auxiliares de justicia y sujetos de derecho en el ámbito judicial, no encuentran ningún tipo de amparo en el órgano judicial” que preside Dalmiro Garay.

Por esta serie de situaciones, la cúpula del organismo solicita “enfáticamente” a la Suprema Corte de Justicia que “arbitre los medios urgentes y necesarios para cesar las medidas de acción directa asumidas por el personal judicial en todas las instancias judiciales”, además que se actualice la unidad de medida JUS e incluso, que varíe mensualmente y se normalicen tanto el avance como el desarrollo de los procesos judiciales.

“La gravedad de la situación planteada y la crisis que atraviesa nuestra colegiatura nos exige y demanda acciones concretas para encontrar una solución inmediata a la metodología y frecuencia de actualización de la unidad judicial de medida, agotando primeramente la colaboración mutua”, dice el tramo final de la nota.

Esperan que se resuelva luego del escrito, pero en caso de que no suceda, no descartan “el ejercicio de las acciones y medidas judiciales pertinentes frente a la flagrante injusticia que nos propone el actual Código de Procedimiento Civil, Comerciales y Tributario del cual vuestro Tribunal es Rector”.

La nota ingresó hoy a la Corte pero aun no se ha realizado la respuesta correspondiente. Desde Tribunales indicaron que están estudiando algunos informes sobre los reclamos realizados y declinaron pronunciarse en esta oportunidad.