De la 7.722 a la pandemia: el difícil primer semestre de Rodolfo Suárez

El lunes 9 de diciembre Rodolfo Suárez asumía como gobernador entre la nostalgia por dejar la intendencia de Capital y las expectativas por los nuevos desafíos. Ayer, el mandatario cumplió los primeros seis meses de una gestión que la ha presentado obstáculos que no había imaginado, producto de errores propios y factores ajenos.

Suárez prometió al electorado continuar “la revolución de lo sencillo”, es decir la normalización del Estado y el orden de las cuentas públicas que inició Alfredo Cornejo.

Pero el flamante gobernador empezó con el pie izquierdo. Envalentonado por la mayoría propia en ambas cámaras, apuró los últimos días del año la aprobación de las modificaciones a la ley “antiminera” 7.722. Pero la presión social -y política- fue tal que siete días después debió derogar la norma aprobada con apoyo de la oposición peronista.

Ahí empezaron los tires y aflojes con el PJ -que también salió debilitado del conflicto de la 7.722- por el Presupuesto, que la Legislatura terminó aprobando en marzo sin endeudamiento porque ni la promesa de usar los dólares en un plan de viviendas fue suficiente para que la oposición acompañar su pedido.

Después llegó la pandemia del coronavirus, la cuarentena y la consecuente agudización de la crisis económica. El gobernador hizo malabares entre los decretos del presidente y los pedidos de liberación de los distintos sectores, mientras las cuentas provinciales se ponían al rojo vivo.

En el medio, Suárez fue dando acertados golpes políticos. En enero, congeló su sueldo y el de sus funcionarios por 180 días. Al mes siguiente puso un tope de 50 mil pesos para todas las primeras y segundas líneas del Ejecutivo y el resto lo envió a un fondo para combatir la Covid-19. En abril, siguió con el impulso y empezó a donar el 20% de sus haberes para el mismo fin.

Para reducir el costo de la política, los primeros días de marzo mandó a la Legislatura el proyecto para prohibir la equiparación de cargos en el Poder Judicial tras el escándalo por el sueldo de la secretaria de Nanclares. Esta iniciativa fue aprobada el miércoles pasado.

El gran despliegue de anuncios lo hizo durante el discurso del 1 de mayo en la Asamblea Legislativa. La batería de proyectos fue desde la reforma de la Constitución hasta la creación del Consejo Económico, Social y Ambiental. También prometió la creación de una agencia mendocina de innovación, ciencia y tecnología, y otra de evaluación de la calidad educativa, además de una ley para regular el piedemonte, entre otros proyectos.

Con la pandemia dominando su agenda desde hace tres meses, su última decisión fuerte fue postular a Teresa Day para el cargo en la Corte que dejará el histórico Jorge Nanclares.

Pero sobre el cierre de su primer semestre en el cargo le vino otro golpe, esta vez desde la Nación, que puso en duda el envío de los fondos para construir la megaobra Portezuelo del Viento.

Y en el medio de la gestión de esta crisis, debió salir a anunciar el martes que la Provincia no podrá pagar a tiempo el aguinaldo a los estatales este mes.

El balance de los dirigentes

Dirigentes de todo el arco consultados por Los Andes analizaron los primeros seis meses de gestión de Rodolfo Suárez.

La senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti hizo foco en las acciones de la cuarentena. “Entiendo que el Gobernador ha articulado bien la pandemia con la Nación y veo poca energía puesta en dar soluciones a la cuestión económica. Por ejemplo, el tema del turismo no tuvo el acompañamiento que se necesita”, dijo.

El presidente del PJ, Guillermo Carmona, fue más duro y vinculó los aspectos negativos con la intervención de su antecesor: “En estos seis meses hay más sombras que luces. Lo más opaco es lo que propicia bajo la sombra de Cornejo, como la insistencia con la reforma de la 7.722. En cambio, ha tenido acciones en el marco de la emergencia en las que se despega de la sombra y su gestión resulta rescatable. Lamentablemente la opacidad reaparece con la propuesta para llenar la vacante en la Corte provincial”.

Desde el oficialismo destacaron el compromiso y la apertura al diálogo de Suárez. “El Gobernador está muy consolidado con la gestión en la gente, está muy centrado, con sus objetivos muy claros. Algo clave es que está en todos los temas siempre escuchando mucho, abierto a las diferentes opiniones y trabajando con todos. Para destacar es que es muy coherente en todos los aspectos de su vida”, evaluó el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez.

En tanto, el senador nacional Julio Cobos resaltó su cintura política para atravesar los conflictos. “Suárez ha mostrado gran capacidad en la resolución de los problemas que se han presentado y ha estado a la altura de las circunstancias. Con la modificación de la ley 7.722 supo escuchar y prefirió la paz social antes que las ventajas económicas. Después vino la emergencia sanitaria y adecuó el funcionamiento de la salud y la educación para que la población sufriera lo menos posible. Tuvo iniciativas para mejorar las terapias intensivas y se ha ido adecuando a la flexibilización dentro del marco nacional, mostrando un buen feeling con el Presidente. También ha convocado al Consejo económico-social para tener una visión de largo plazo. Ahora va a culminar sus primeros seis meses sorteando el conflicto de Portezuelo. Ha demostrado capacidad de diálogo y acuerdos”.

Mercedes Llano, diputada del PD aliada del oficialismo, fue más crítica y le exigió concretar reformas profundas del Estado. “Al Gobernador le tocó lidiar con cuatro crisis convergentes: de representatividad, sanitaria, económica y social. Se suma el centralismo nacional que, escudado en la pandemia y en la emisión ilimitada, pone de rodillas a los gobernadores. La continuidad de las políticas de la gestión anterior no es suficiente. Estamos ante un punto de inflexión que requiere de un liderazgo firme y democrático que anteponga la autonomía de Mendoza sobre el avasallamiento del populismo nacional, y que construya una institucionalidad sólida que conduzca a nuestra provincia hacia el desarrollo sostenible. Mendoza necesita un estadista republicano decidido a introducir reformas de fondo que contribuyan a modernizar al Estado y a despartidizar la burocracia y, en particular, la cúspide del Poder Judicial”.

El líder de Protectora, José Luis Ramón, fue más crítico. “El gobierno de Suárez, que prometía ser la continuidad de un equipo de gobierno exitoso de la mano de Alfredo Cornejo, no es lo que se esperaba. Nos encontramos con la provincia en default y acudiendo a créditos para pagar sueldos. Desde el inicio de la gestión se vio una apuesta a la sostenibilidad de la economía mediante la minería que no se dio por el fuerte rechazo popular. Desde Protectora nos pusimos a disposición de Suárez para participar y colaborar, hasta el momento no hemos sido convocados. Esperamos que el gobernador nos llame para así resolver entre todos los problemas de los mendocinos”.

Por último, desde la izquierda el senador provincial Lautaro Jiménez analizó los seis meses en tres bloques: ley 7.722, pandemia y economía. “Frente a la masiva movilización en defensa del agua, Suárez retrocedió y desistió de la reforma del cianuro y la megaminería. Pero el problema es más profundo y ha dejado abierta una discusión sobre el problema del agua y la irrigación en una provincia con enormes desigualdades. Frente a la epidemia y la cuarentena, ha mantenido bajos los niveles de contagio por el momento; sin embargo, no se sabe cuánto avanzó en estos tres meses la capacidad del sistema de Salud que había llegado debilitado. Y con respecto crisis económica, Suárez llevó a un default la deuda provincial. Entre tanto, la inflación está destruyendo sueldos que han sido recortados por las empresas o congelados por el estado, y la desocupación y la pobreza crecen a paso firme”.