El Gobierno prorrogó un artículo de la Ley de Financiamiento Educativo: cuánto llegará a Mendoza

El Gobierno nacional prorrogó la vigencia de un artículo de la Ley N° 26.075 de Financiamiento Educativo y finalmente enviará los fondos a las provincias en medio de la tensión por los recortes y a pocas horas del encuentro entre funcionarios y gobernadores.

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Mendoza recibirá fondos por aproximadamente $74.000 millones según confirmó el ministro de Educación de la provincia, Tadeo García Zalazar, a Los Andes. “Es la coparticipación habitual de la Ley Nacional de Financiamiento Educativo”, agregó el funcionario provincial.

A través del decreto 231/2024, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo estableció “la vigencia para el Ejercicio Fiscal 2024 del artículo 7° de la Ley N° 26.075, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9° y 11 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y sus modificatorias, teniendo en mira los fines, objetivos y metas de la política educativa nacional y asegurando el reparto automático de los recursos a los ministerios de Educación u organismos equivalentes de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los Municipios, para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación”.

Enfatizó que el artículo 7° de la Ley de Financiamiento Educativo estableció por el plazo de 5 años “una asignación específica de recursos coparticipables con la finalidad de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional y de coadyuvar a la disponibilidad de los recursos previstos en dicha ley en los presupuestos de las Provincias y de la CABA”.

Por lo que una vez que se venció el plazo, se dispusieron sucesivas prórrogas con el objetivo de asegurar el financiamiento del sector: “La asignación específica de recursos coparticipables busca aumentar el nivel de inversión del presupuesto de las Provincias y de la Ciudad de Buenos Aires en educación, destinando dichos recursos al pago de salarios y al mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa”.

El Gobierno justificó que “la situación económica y social del país requiere que se garantice la disponibilidad de fondos destinados al cumplimiento de los fines de la ley antes mencionada”, dando así continuidad a los fondos para las provincias.

De acuerdo con la Ley N° 26.075, Nación debe repartir una cantidad equivalente al 60% del incremento en la participación del gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología en el Producto Interno Bruto (PBI).

La medida se conoce en medio de la tensión entre los gremios docentes y los gobiernos provinciales con la Casa Rosada por la retención de las partidas presupuestarias para educación. Mañana, además, habrá reunión de mandatarios con funcionarios de la Nación.

Reparto con esquema nuevo

De los fondos que lleguen a la provincia, el 18.8% se coparticipará a los municipios en base a los datos del Censo Nacional de 2022 cuyos datos definitivos se publicaron a fines del año pasado. Es decir que la masa será de casi $14.000 millones a repartir entre las 18 comunas, algunas recibirán más y otras, menos.

Cabe recordar que desde julio del 2022, cada municipio rinde cuentas de estos montos que recibe. Si bien estos fondos se coparticipan desde el 2006, fue el ex titular de la Dirección General de Escuelas, José Thomas, quien firmó convenios con cada intendentes para que regularizaran y rindieran cuentas de los fondos que tienen como destino específico la educación.

Así está establecido en la Ley de Presupuesto 2024. “Los municipios deberán destinar los recursos provenientes de la Ley Nacional de Financiamiento Educativo a mejorar la inversión en educación, ciencia y tecnología”, dice el texto.

Entre las prioridades, figuran la primera infancia en situación de vulnerabilidad, la disminución de la brecha socioeducativa, el apoyo a la educación obligatoria (principalmente en lo que se refiere a infraestructura edilicia y tecnológica) y la vinculación de la educación con el mundo del trabajo. Se aclara que estas acciones deben ir en consonancia con los fines, objetivos y metas de la política educativa provincial.

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