Grieta en la Corte: la audiencia pública por Teresa Day sube la tensión entre los dos bandos

Mendoza vive un clima político espeso, con una relación rota entre el oficialismo y la oposición. Esta situación se da en todos los ámbitos, pero se percibe fuertemente en la Suprema Corte, que sigue cruzando golpes desde ambos lados del ring.

El último cruce, tras la ratificación por parte del juez Omar Palermo de la audiencia pública y la convocatoria a Tribunal Plenario para decidir si la ministra Teresa Day cumple los requisitos para integrar el Tribunal. Desde el Gobierno apuntaron contra el ministro del ala peronista de la Corte acusándolo de querer someter a Day a un “escarnio injustificado”.

Desde Casa de Gobierno manifestaron que la audiencia convocada -para el 30 de julio - “no tiene razón de ser” y apuntaron directamente a Palermo por querer “armar un circo” en un tema que, a su entender, es “cosa juzgada”.

Pero desde el entorno del presidente de la Sala II del máximo tribunal coincidieron en que se trata de un “llamado a la institucionalidad” de la provincia, y argumentaron que el radicalismo y todo el poder político “debería ser respetuoso de la Justicia”. Además, aseguraron que “hay una pretensión de mayoría automática que pone en peligro el prestigio de la Corte”.

Relatos cruzados

En el Gobierno acusaron a Palermo de que “quiere manejar y apoderarse” del reclamo iniciado por la oposición contra la designación de Day. “El rechazo a la presentación del Asesor de Gobierno (Ricardo Canet) son argumentos acomodaticios”, opinaron, pero además se preguntaron el por qué del llamado a la audiencia, al entender que lo que se debe resolver es “una cuestión técnica” y que por ese motivo, “carece de razón de ser porque son los ministros los que conocen el tecnicismo”.

Fue el vicegobernador Mario Abed el que salió públicamente a cuestionar la avanzada de Palermo, al sostener que “una Justicia que no respeta las reglas que ella misma impone no es Justicia”. Consideró que la audiencia debiera ser nula “porque viola la Acordada 25.526, la cual obliga a publicar la convocatoria 15 días antes (Art. 8), y fue publicada en la web del Poder Judicial recién el lunes”.

El presidente del Senado indicó que “no puede hablarse de participación ciudadana en la Justicia, si la misma Corte viola los mecanismos previstos para fomentarla”. También insistió en que Palermo “se debe excusar porque su proceder en esta causa no se ajusta a derecho”.

Sin embargo, hay que dejar en claro que además de Palermo, fueron recusados en su momento Valerio y Adaro. En este sentido, no solo que Palermo no se excusará, sino que ningún ministro lo haría -no se sabe si lo hará Day - ante la recusación que realizó el Asesor de Gobierno a toda la Corte en la resolución de la Declaración de Certeza solicitada por la oposición a principios de junio.

De hecho, quienes defienden la postura de Palermo, opinaron que es “lamentable que el Gobierno cuestione a su Corte y con argumentos infundados. Es como que el Estado niegue a sus instituciones”.

También aseguraron que la Sala II “siempre fue respetuosa” con la institucionalidad de la elección de Day. “Se pidió que se dejara sin efecto el decreto de Suárez con el pliego; y lo mismo con otra presentación para que se evitara la elección del Senado. Sin embargo, se respetó todo ese proceso, incluso el de la jura de Day”, comentó una alta fuente de Tribunales.

En cuanto a la interpretación de la Constitución, la misma fuente consideró que “es un tema judicial y el poder político debe ser respetuoso de la Justicia”. Pero también defendió la audiencia pública, al indicar que aseguraría una discusión “pública y transparente con la la sociedad podrá participar y mostrar otras visiones a la Corte”.

Los argumentos de Palermo

Es importante recordar algunos pasajes que esgrimió el juez Palermo en la resolución en la que confirmó la audiencia pública del 30 de julio. Allí manifiesta que se está tocando un tema que es de “máximo interés y gravedad institucional”, y agrega: “Estamos ante un momento crucial para la vida institucional de la Provincia, que nos exige a todos y a todas, pero especialmente a quienes tenemos responsabilidades en el ejercicio de la función pública, estar a la altura de lo que las actuales circunstancias requieren”.

El mensaje apunta contra el Asesor de Gobierno pero también contra la misma Corte, al asegurar que quienes deben pronunciarse, en consonancia con las leyes, son “los integrantes titulares de esta Suprema Corte de Justicia, votados por el Honorable Senado de la Provincia de Mendoza, es decir, votados por el pueblo de Mendoza, a través de sus representantes”.

“A los y la integrante de este tribunal, más allá de nuestras democráticas diferencias, nos une fundamentalmente el interés por la preservación de nuestro bien más preciado, a saber, la calidad de nuestro Estado Democrático de Derecho”, esgrime Palermo.

El conflicto

La disputa en este tema es conocida (si Day tiene o no los requisitos para ser Ministra), pero lo que ha estado en juego en este tiempo es el “desequilibrio” de la Corte, que a priori quedó con ventaja para el oficialismo con sus 4 ministros ya con la salida de Jorge Nanclares, con pasado radical y quien había “pivoteado” en varias oportunidades pero en los últimos meses se alió al ala peronista que integran Adaro, Palermo y Gómez.

Cuando el gobernador Rodolfo Suárez propuso a Day paa sucederlo, legisladores del peronismo y la oposición en su conjunto hicieron dos presentaciones en la Justicia: una medida cautelar y un pedido de Declaración de Certeza que determine si cumplía o no con los requisitos para ser jueza de la Corte (10 años de ejercicio de la abogacía).

Con la medida cautelar ya descartada, teniendo en cuenta que -en una jugada arriesgada- en tiempo récord Suárez le tomó juramento a Day tras pasar el filtro del Senado, lo que queda es centrarse en la cuestión de fondo, que podría incidir en el futuro de la propia ministra.

A pedido de Palermo, la pregunta que deberán responder los ministros es la siguiente: “¿Cómo debe interpretarse y cuáles son los alcances del requisito constitucional de ejercicio de la profesión para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia?”. A la espera de esa respuesta, se agita la grieta de la Corte, con visibles secuelas en el poder político.