Irrigación pagará $100 millones para desactivar juicios laborales por tutelas sindicales

Varios juicios laborales iniciados por empleados del Departamento General de Irrigación recayeron en la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia que hasta diciembre atendía las vías extraordinarias del fuero penal y laboral. Algunos fallos en contra del Gobierno del agua, obligaron a sellar un acuerdo con el gremio.

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El monto a pagar en tres cuotas es de $100 millones por litigios originados en relación a cambios algunas condiciones laborales a empleados con tutela sindical. Ya se pagó el primer desembolso que ha distribuido entre las cuentas de 8 empleados de Irrigación. En febrero y marzo se cancelará el resto.

Una serie de amparos sindicales se apilaron en distintas Cámaras Laborales con distintas suerte para los demandantes. Las acciones fueron interpuestas por ciertas determinaciones con relación a condicionales laborales, como horas extras, cambios de funciones, etc. El apuntado era el mismo para todos: el Departamento General de Irrigación.

En los 8 casos se trató de empleados bajo tutela sindical, un elemento clave a la hora de iniciar la demanda. Porque, según aseguran en Irrigación, las modificaciones que impactaban en el salario de los empleados, se hicieron sin plantear previamente la exclusión de la tutela sindical.

La discusión que dio el organismo en los litigios era en qué casos estaban los empleados alcanzados por la tutela, que no abarca solamente a los miembros de la Comisión Directiva de la Asociación Gremial de empleados y obreros del Departamento General de Irrigación. También a empleados que hayan desempeñado funciones en la Junta Electoral, entre otras.

Lo cierto es que las resoluciones salieron con distinta suerte y fueron apeladas. Todas desembocaron en la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia que resuelve causas del fuero laboral y penal. A su vez es la más criticada por el oficialismo porque, aseguran, es el epicentro del “fórum shopping”: el peronismo, gremios y demás la buscaban, en su mayoría, para resoluciones favorables.

El motivo tiene que ver con la grieta de la Corte: Mario Adaro, ex ministro de Gobierno de Celso Jaque y Omar Palermo, postulado por Francisco “Paco” Pérez forman parte de la sala. Se le suma el ‘supremo’ José Valerio, elegido por Alfredo Cornejo para llegar al máximo tribunal.

Con la reforma de la Corte se disolvió la resolución de cuestiones contenciosas administrativas pero recibe los últimos reclamos extraordinarios antes de la implementación del resto de los cambios que disolverá la sala. Todo pasará al sorteo.

La bola de nieve

“Se deja aclarado que se ha cumplido el restablecimiento de las condiciones de trabajo, por lo cual, canceladas las sumas precedentemente convenidas en la forma pactada, la actora no tendrá nada más que reclamar a la demandada por causa o con motivo de las causas detalladas”, dice el cuarto punto en los ocho Acuerdos Transaccionales firmados entre Irrigación y los amparistas.

Hay que decir que el origen de los litigios tiene algunos años. Juan Carlos Masini, director de Asuntos Legales del Departamento General de Irrigación, llegó al cargo hace unos 5 años y ya tenía algunas demandas en curso. Al menos en los ocho casos que acordaron, el patrocinio de los empleados estuvo a cargo de Mauricio Guzmán y Pablo de Rosas.

Para llegar al acuerdo por $100 millones, pasaron algunas cosas antes. Una clave es que el Gobierno del Agua ya veía que la Sala Segunda venía revirtiendo los fallos de Cámara. Así, a setiembre del 2023 se calculaba que eran $83 millones.

Cuando se disparó la inflación y vieron la proyección para este año, se espantaron. “Se ajustan por tasa UVA y lo que se proyectaba para los primeros meses del 2024, hacían aconsejable llegar a un acuerdo transaccional”, cuenta Masini a Los Andes. Está convencido que de lo contrario, el organismo que conduce Sergio Marinelli, hubiese pagado el doble.

El letrado se sentó con el gremio a pulir un acuerdo que llevó tiempo y se abrochó entre Navidad y Año Nuevo. En ese momento salía una de las sentencias, a favor de Jesús María Alegre. Lo cierto es que entró en el Acuerdo Transaccional, al igual que las que aun no se resuelven.

Hay párrafos duros en el fallo a favor de Alegre. Es el ministro Mario Adaro quien se expresa en las cuestiones a resolver, a las que adhiere Palermo. Valerio estaba de licencia al momento de la resolución.

Para Adaro, hay pruebas de persecución y hostigamiento por parte de Irrigación para con quienes integraron la lista naranja (entre ellos Alegre). Los dichos “concuerdan con el resto de las probanzas reseñadas, por lo que aparecen como veraces e imparciales”. Menciona incluso que personas contratadas, luego del proceso electoral, no continuaron al año siguiente.

El supremo subraya que se le han retirado funciones que desempeñaba en calidad de “interino” desde hacía varios años, sin que el cargo fuera cubierto por concurso público de antecedente o se invocara otra causa objetiva. También remarca el retiro de los adicionales que poseía, en el período de elecciones, entre otros aspectos. Eso argumenta su fallo a favor del demandado. Y cuya situación es similar a la de otros empleados que presentaron amparos.

Los detalles del acuerdo

“Irrigación consideró que era sumamente perjudicial, sin considerar el período de tutela sindical. A lo mejor la tutela duró dos años, la sentencia duró 5 años y nos hacían reinstalar a la gente y pagarle 5 años de todo lo reclamado”, se quejó Masini.

Además, remarcó que no era conveniente tener ese foco de conflicto en la institución. Destacó la buena relación con el gremio y a su vez, que son pocos los juicios laborales con empleados. La gran mayoría de las demandas vienen por el recursos hídrico.

Los montos son distintos según el caso, pero el depósito llegó a fin de año a las cuentas de cada uno de los amparistas. En uno de los casos, el acuerdo se firmó por $4.750.000 y ya recibió $ 1.900.000. A fines de enero y de febrero, encontrará en su cuenta $1.425.000.

Del acuerdo, hay un 2% que va para el gremio. Se retiene en cada una de las cuotas. El total, para este caso son $95.000 en concepto de “cuota sindical”. Para los abogados, se destina el 20% a pagar en una sola cuota, en la segunda semana de enero.