En 2023, se tramitaron cerca de 175 denuncias por irregularidades con pocas presentaciones anónimas

Mendoza cuenta con tres canales al menos para recibir denuncias cuando se trata de irregularidades y/o hechos vinculados a corrupción, ya sea de personas físicas, empresas, organizaciones, etc. En el 2023 se tramitaron cerca de 175 denuncias en tres organismos que reciben este tipo de demandas. Sin embargo, muchas veces se duda a la hora de denunciar este tipo de situaciones por temor a correr riesgos.

Fiscalía de Estado y la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia reciben denuncias de tipo anónima. Sin embargo la mayoría no pasó el primer filtro de consistencia en la acusación.

Otras quedaron desactivadas porque se denunciaron situaciones ajenas a las competencias de los organismos mencionados. La Oficina de Ética Pública, por ley, obliga a los denunciantes a identificarse pero actúa de oficio en algunos casos que lo ameriten. Fundación Nuestra Mendoza considera que debe regularse el canal de denuncias anónimas como existe a nivel nacional.

En Fiscalía de Estado no hubo anónimas

Durante el 2023 se tramitaron cerca de 175 denuncias y la mayoría fueron investigadas por la Fiscalía de Estado. El organismo conducido por Fernando Simón vela por el patrimonio provincial (fondos y bienes) y por ese motivo tiene competencia para dictaminar sobre esos temas.

De las 78 causas a las que se les dio tratamiento, ninguna se hizo en forma anónima. El número es menor que en el 2022, en el que entraron 94 denuncias. Todas las presentaciones se tramitan, pero se les da tratamiento a las que cumplen condiciones mínimas, como elementos que sustenten la acusación. “En caso de que no tengamos competencia para resolver, se responde desde el correo electrónico oficial y se indica a quién dirigirse”, explicó Luciano García Bistué, director de Coordinación de la Fiscalía de Estado a Los Andes. Aclaró que muy pocas quedan en el camino, la mayoría se tratan.

El resto, en su mayoría vinculadas a temas ambientales han tenido distintos desenlaces. “Hay denuncias que se resuelven con mayor agilidad, y otras, más complejas demoran más”, completó el funcionario. En algunos casos, las presentaciones no cumplieron su cometido porque no se encontró delito o falta, en otros hubo resolución de palabra y en otras, dictamen.

En el sitio oficial de la Fiscalía de Estado están las pautas para llevar adelante la presentación, que se realiza vía correo electrónico a: mesasfiscaliaestadomendoza@mendoza.gov.ar. Se deja en claro que toda denuncia deben acompañarse con pruebas sobre el hecho con archivos en PFD, imágenes, audios y el correspondiente desgrabado, etc.

“Usted puede ser consultado o informado de la tramitación de la misma, a través de su casilla de e-mail. Puede decidir mantener el anonimato de su denuncia, pero la misma deberá ser lo suficientemente detallada, clara, completa, y presentar seriedad y verosimilitud suficientes, para ser tramitada. De lo contrario, podría ser desestimada y archivada”, aclaran.

Ética Pública actúa de oficio para cuidar al denunciante

La Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública recibe no sólo denuncias por irregularidad o supuestos actos de corrupción, sino también los recursos en contra de organismos que no responden como es debido los pedidos de información que les llegan a los funcionarios garantes.

El relevamiento del 2023 arroja 77 denuncias recibidas y tramitadas. Hay un aumento con respecto al 2022 en el que llegaron 51. Según el informe, en los años electorales sube la cantidad de denuncias, no así los recursos por incumplimiento.

La ley de responsabilidad en el ejercicio de la función pública N° 8993, en el artículo 28, abre la puerta a las denuncias contra funcionarios de todo tipo dentro de la provincia de Mendoza. Aunque, la acusación debe venir con una identificación bajo el brazo.

“La ley habla de persona hábil y por eso no se aceptan denuncias anónimas. Y eso tiene dos razones: evitar la usurpación de identidad del denunciante y también, en el caso de que las denuncias sean falsas, poder actuar legalmente en contra de esa persona, si hubiera elementos”, indicaron desde la Oficina de Ética Pública.

Sin embargo, el organismo actuará de oficio en algunos casos puntuales. “Se ha decidido que en aquellas ocasiones en los que vaya la persona a ratificar la denuncia o a presentarla, de acuerdo al tenor de la denuncia y que puede haber un riesgo para la persona, el Auditor tiene la potestad para actuar de oficio. Ya hay algunos casos en investigación”, agregaron.

Con respecto al resto de las denuncias, desde el organismo indicaron que se enmarcan en cuestiones de tipo administrativo: “Lo que predomina es incompatibilidades, no sólo de funcionarios o cargos electos, sino también de agentes diversos en la administración pública, como pueden ser las incompatibilidades de tipo docentes”.

“Y por otra parte, lo que tiene que ver con presuntas irregularidades en las que alguna persona se siente afectada, como por ejemplo que no se le otorguen ascensos, que se la frene la carrera administrativa, o en la que pudieran existir situaciones de conflictos de intereses”, completaron.

Denuncias en lugares equivocados

La Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes tiene un canal para recibir denuncias anónimas desde el 2020. Si bien hubo anuncio oficial por parte del Gobierno provincial, podría decirse que es ignoto para muchas personas. En casi 3 años se recibieron 91 denuncias y unas 21 ingresaron el año pasado.

“El balance es positivo para nosotros, teniendo en cuenta que los mayores usuarios del canal de denuncias han sido proveedores del Estado que, cuando participan o compiten en un proceso de contratación publica no se vieron favorecidos por la decisión de la adjudicación, usan el canal de denuncia como herramienta de queja por esa decisión”, explicó Roberto Reta, funcionario a cargo de la dirección, a Los Andes.

Teniendo en cuenta esto, Reta subrayó que “el canal de denuncias no es una herramienta de gestión de denuncias judiciales pues en la administración provincial las contrataciones no exhiben riesgos de corrupción. Todo lo contrario. Todas las herramientas de gestión de las compras y de monitoreo que utilizamos junto al canal de denuncias, nos han permitido transparentar y desalentar con altos niveles de eficiencia las malas prácticas en las contrataciones de la Administración Provincial”.

“No es lo mismo corrupción que ineficiencia. Sobre esto último la Administración Provincial sí tiene pendientes muchos desafíos por delante, comenzando por la profesionalización del recurso humano encargado de gestionar las contrataciones del Estado, para lo cual celebramos un Convenio con OEA y UNCUYO”, indicó.

El pedido de regulación

Facundo Heras, de la Fundación Nuestra Mendoza, remarcó en diálogo con este medio la necesidad de regular el canal para denuncias anónimas a través de una legislación. “Es escasísima la difusión que hay de estos canales, por lo tanto es muy bajo el uso que se hace, pero desconozco cómo están funcionando”, indicó a este medio.

“El canal de denuncia anónima como tal para que sea válido, hoy en Mendoza no existe. Hay algunos primeros indicios a raíz de algunos informes que presentamos junto a Poder Ciudadano y decíamos que era importante. La Oficina Anticorrupción tiene claro a qué denuncia darle curso, hay experiencias como para pensar cómo para implementarlo en Mendoza”, aseguró.

Si bien están al tanto de las denuncias por incumplimientos de pedidos de información pública por las que son consultados, trabajaron con la Dirección de Contrataciones y Gestión de Bienes, sobre cómo habilitar un canal para hacer denuncias anónimas.

“Considero que debe haber mayor información a la ciudadanía, para que conozca estas herramientas y los mecanismos con los que cuentan para ejercer en cada caso. Y eso nos llevaría a ordenar los mecanismos que están vigentes. Hoy funciona descentralizado y el ciudadano se encuentra con esto de que al final no sabe a quién recurrir”, expresó.