Un fallo judicial obliga a paritar, pero el Gobierno no ofrecerá aumentos

La decisión judicial que dispuso la reapertura de paritarias entre el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) y la Dirección General de Escuelas (DGE) fue festejado por los gremios. No obstante, desde el Gobierno avisaron que no van a asumir compromisos que no podrán pagar: “Hemos hecho un esfuerzo sobrehumano para que los salarios del Estado estén depositados en tiempo y forma”, dijo el ministro de Gobierno, para graficar que las arcas públicas no tienen plata.

Si bien el fallo de la Séptima Cámara de Trabajo es sobre un amparo que presentó el gremio docente, en el Gobierno se anticipan a una posible catarata de reclamos similares. Se está trabajando en un cronograma de reuniones para citar a todos los gremios y discutir virtualmente, luego de casi 8 meses.

A través de la Subsecretaría de Trabajo se debe “convocar y reanudar la reuniones paritarias entre la DGE y el SUTE mediante las ‘plataformas virtuales’ que considere pertinentes a los fines de garantizar bajo su exclusiva responsabilidad el debido y efectivo cumplimiento de la sentencia en el plazo de 10 días” de notificada la decisión".

El extracto corresponde a la decisión del tribunal integrado por los jueces Sergio Simó, Ana María Salas y Federico Fiochetta. “Vamos a cumplir con lo que la Justicia ordenó, que es abrir la paritaria”, indicó Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno.

Las reuniones habían comenzado en marzo, con una oferta inicial (ver aparte) que fue rechazada. Se pactó una nueva audiencia para el 20 de marzo, pero a raíz de la pandemia, el Gobierno suspendió las reuniones paritarias el 18 de ese mes.

Una vez notificados, en 10 días deben oficializar la convocatoria, aunque todo indica que no habrá demasiados avances. “Hemos hecho un esfuerzo sobre humano para que los salarios del Estado estén depositados en tiempo y forma, y completos en el día que corresponde. El Estado a los empleados públicos les ha garantizado su sueldo y su aguinaldo”, expresó.

Pero fue más allá: dijo que se trabaja en un cronograma para el pago en cuotas del segundo medio aguinaldo, que será similar al que se aplicó con el primer sueldo anual complementario, que aún no se cancela.

Y pateó para el año que viene “con un presupuesto distinto” la posibilidad de comprometerse a otorgar incrementos salariales: “No estamos en condiciones hoy, tenemos todo en la emergencia y el COVID-19”, insistió el letrado. Aclaró también que “el fallo rechaza un planteo de deslealtad que hizo el SUTE contra el Gobierno” e insistió en que acatarán lo dicho por la cámara laboral.

Gobierno versus gremios, un nuevo capítulo

“Va a ser otro momento de la pelea, el escenario se enriquece” apuntó Sebastián Henríquez, Secretario General del SUTE recalentando la previa de la nueva negociación paritaria. Ironizó además sobre la respuesta del Gobierno al fallo en donde se da “por contento porque no le echó la culpa a la interna del SUTE”.

“Teníamos que lograr que se sentaran a hablar, tuvimos que recurrir a la justicia, exponiéndonos a contagios, imputaciones para que la justicia les diga que pueden usar la plataforma para la paritaria. Ahora implica discutir todas las cosas, y seguiremos con el plan de lucha y deben dar respuesta, no pueden hacer silencio unilateral”, manifestó.

Por su parte, Ibáñez aclaró que se paritarán cuestiones no salariales y salariales, pero esta decisión “no obliga al Gobierno a llevar una propuesta ni los gremios a aceptar una oferta. Todo el año hemos cumplido con el pago de las remuneraciones”.

Desde el gremio de la salud manifestaron el descontento porque aún no se ha convocado a la Comisión Negociadora. “Están incumpliendo la ley 7759, es algo que pedimos antes de la cuarentena, y las medida de acción que han habido es por eso”, indicó Claudia Iturbe, Secretaria Adjunta de Ampros.

Roberto Macho, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) festejó la medida porque “el fallo es una parte más de lo que piensa la sociedad”.

“Si no hubo aumento, las escuelas estuvieron cerradas, no hubo gastos y entonces hay dinero para darles aumentos a los trabajadores. Para no tener una lluvia de amparos, ahora convocan”, disparó.

La oferta rechazada

La única oferta salarial por parte de la gestión de Rodolfo Suárez fue unos días antes de que se decretara la cuarentena: el 11 de marzo. El Poder Ejecutivo, cuya premisa ya era “no gastar más de lo que entra”, acercó a la mesa de negociaciones, un esquema que proponía aumentos para el segmento más bajo de la pirámide salarial del Estado. Es decir, para quienes ganaban hasta $40 mil de salario bruto por mes. Según el cálculo oficial, es un 30% de los empleados públicos.

El aumento que se ofreció a los trabajadores de los organismos de control (Tesorería General, Contaduría General, Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas) era $3.000 para el primer semestre del año en dos tramos: $2.000 con el sueldo de abril y $1.000 con el de mayo. Los gremios consideraron insuficiente la propuesta, algunos hasta la calificaron de “vergonzoza” y la rechazaron de plano.