Hebe Casado también aplica un ajuste en el Senado: recorta cargos y suspende adscripciones

El gobernador Alfredo Cornejo comenzó a dar muestras de ajuste durante su gestión, que arrancó hace poco menos de un mes, con un ahorro presupuestario que dictaminó que deberán hacer sus ministros del gabinete en marzo de al menos un 20% en la planta de contratados, ya sea con baja de contratos o de horas extra que tienen este tipo de empleados. En la misma línea se ha mostrado desde el comienzo de la gestión Hebe Casado, la vicegobernadora, en la Legislatura provincial, que ha disminuido por un lado el número de direcciones y secretarías; así como también la mitad de los contratos temporales y cargos políticos.

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Según informaron a Los Andes desde la presidencia de la Cámara de Senadores, Casado prepara una serie de reformas para recibir a los legisladores a fines de enero, fecha en la que termina el receso legislativo.

Por un lado, indicaron que se redujo “en un 40%” el número de direcciones y secretarías, con el objetivo de “optimizar la gestión y el presupuesto”. Pero en paralelo, bajó la mitad de los contratos temporales y cargos políticos, para dar paso “al personal que ya está en planta permanente y también al mérito profesional”.

Además, agregaron que se “suspendieron las adscripciones durante todo el año 2024, evitando el desvío de recursos humanos y materiales”, a la vez que se “trabajará en la despapelización total, trabajando en un sistema de digitalización de expedientes y todo tipo de trámites, agilizando los procesos y cuidando el medio ambiente”.

Si bien aún no dieron datos concretos respecto al monto de dinero de ahorro, al igual que de número del personal, expresaron que por el momento se dieron de baja dos de las seis secretarías que tiene el Senado; más tres de las seis direcciones que también había. En ese interín, que también está en análisis, se han dado de baja 13 de 26 contratos temporales de las direcciones; y dos de nueve contratos de otros sectores de la Cámara Alta.

“Está todo en definición”, sentenciaron, y agregaron que hubo prórroga de algunos contratos que se podrían rever, pero también añadieron que “habrá novedades en febrero”. Como forma de cálculo, expresaron que cada uno de los contratos ronda los $500.000 o $600.000.

“Seguir en la austeridad legislativa”

En diálogo con este medio, Casado manifestó que “si bien la Legislatura viene siendo austera desde los últimos ocho años, de todos modos hemos implementado en este mes un recorte en la cantidad de secretarías, de jefaturas y de direcciones que existían”.

En este sentido, comentó que se ha disminuido “el plantel de empleados temporarios de la misma, en acuerdo con los diferentes bloques que la componen. Queremos premiar a aquellos empleados que se esfuerzan en capacitarse y en hacer bien su trabajo. Para ellos van a existir premios dentro de la Legislatura y queremos también eliminar todo lo que signifique papel dentro de la misma, por lo cual estamos yendo hacia la digitalización de absolutamente todos los expedientes que dependen de la misma”.

También acotó que están “incorporando tecnología en todos los procesos justamente también para hacer más eficiente la administración de la misma”.

Por otro lado, si bien no es una medida de ajuste económico, se añadió que se descartaron las sesiones por videoconferencias y que reestablecerán el trabajo presencial “al 100% a partir del 1 de febrero, garantizando el cumplimiento de las funciones legislativas y administrativas”.

En tanto, aún no se ha tomado la medida, pero adelantaron que se implementará el “marcado del personal”, más la limitación de los gastos en insumos. También se ahorrará dinero con un “topeo a la mayor dedicación”, que se calcula que será del 60%. “Antes se pagaban desde el 75 al 100%, pero estaremos revisando periódicamente todo”, expresaron.

Desde la Cámara de Diputados indicaron que al cierre del 2023, computaron una reducción de su planta de personal, del 15%. Esta disminución en la cantidad de cargos de planta permanente se dio entre finales del 2020 y el 2023, producto de jubilaciones, fallecimientos y renuncias.

Desde hace 8 años, la política es “no ocupar las vacantes, congelando el pase a planta permanente y reorganizando el recurso humano en las distintas áreas que la componen”, indicaron.

Así, entre fines de 2020 y el 2021, se registró una disminución de más de un 8%, mientras que entre 2022 y 2023, la baja fue de un 7%, totalizando en estos años un 15% menos de personal.

La Corte no analiza medidas de ajuste

La feria judicial arrancó hace pocos días por lo que en el máximo tribunal no se ha hablado aun de recorte de gastos. El decreto de Cornejo alcanza al Poder Ejecutivo. En el caso de la Justicia, si ocurriera, sería por decisión propia.

Mario Adaro ha quedado a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Es el vicepresidente primero de la Sala Administrativa que se conforma junto a Omar Palermo y Dalmiro Garay, quien preside la Corte pero está de licencia.

“El presupuesto de la Corte, en un 95% es salarios. No hay mucho más margen. Se que hay un plan de obras y demás, pero no se ha hablado del tema entre los ministros”, dijo el supremo a Los Andes. En la definición, casi que se descarta un recorte relevante de gastos.

La situación del Poder Judicial es bastante distinta a la de los otros dos poderes cuando se encara una baja en las erogaciones, sobre todo cuando se habla del personal. Y es que casi todos los empleados son de planta permanente. No hay contratos a los que darle de baja. Tampoco abundan las plantas temporarias.

De acuerdo al Presupuesto 2024 que se votó, están contemplados sueldos para 3.236 empleados de la Suprema Corte de Justicia, con sólo dos temporarios. El resto es planta permanente. El Jury de Enjuiciamiento, Junta Electoral y Consejo de la Magistratura, órganos administrados por el máximo tribunal, tampoco tienen contratos que recortar. La nómina de persona que figura es de planta permanente.

La presentación de la pauta de gastos que hizo Dalmiro Garay en octubre del 2023 para este año en curso, tenía previsto un plan de inversión por casi 6 mil millones de pesos. Una de las obras detalladas en la presentación, fue la del Polo Cívico y Jurídico de Tunuyán.

Y en lo que hace a obra pública, además de la construcción en el Valle de Uco, Garay destacó al juzgado de Paz y Familia de Lavalle “que estamos trabajando con el CONICET en un edificio sustentable que nos permita un desarrollo modular”.

Por otra parte, también planea ampliar el juzgado de Familia en Las Heras. En el caso del Juzgado de Familia de Maipú se evaluaba una reformulación para que tuviera mayores comodidades. Y para las instalaciones en General Alvear está previsto unificar las dependencias judiciales tanto de la Defensa como del Ministerio Público Fiscal.

En relación a la inversión en seguridad informática, se han presupuestado más de 100 millones de pesos. Además, se prevén 1.300 millones de pesos de inversión en licencias, monitores, mobiliario y equipamiento en general.