La Corte provincial llama a audiencia pública para debatir la constitucionalidad de la prisión perpetua

La Suprema Corte de Justicia se adelanta a una nueva e importante discusión que deberá resolverse en plenario, es decir con los 7 ministros del máximo tribunal: la constitucionalidad o no de las prisiones perpetuas. El juez de la Corte, José Valerio, pidió una audiencia pública para que la sociedad se exprese y se tomen las opiniones de un tema completamente sensible y que mantiene posturas contrarias.

La audiencia está prevista para el 22 de octubre a las 9, y se espera que la participación sea a través de una videoconferencia, teniendo en cuenta los protocolos por la pandemia del coronavirus.

“En casos como estos, de indudable trascendencia institucional, es la ciudadanía en su totalidad la principal afectada, de allí que el llamado de audiencia pública sea una de las vías más eficaz para poder escuchar y tomar una decisión”, sostuvo Valerio en su documento, que fue firmado por Omar Palermo, presidente de la Sala 2, y Dalmiro Garay, presidente de la Corte.

La polémica respecto a la constitucionalidad o no de las prisiones perpetuas se dio hace poco más de un año, cuando el juez provincial Eduardo Martearena declararó inconstitucional la pena de prisión perpetua en un juicio por jurados contra tres acusados, lo que generó una gran polémica tanto a nivel judicial como también político.

Martearena intervino en el juicio por el asesinato de Juan Leonardo Lucero, ocurrido en 2017 en Godoy Cruz. El cadáver estaba en un zanjón cercano al parque de descanso Los Andes Memorial, carbonizado y mutilado por el ataque de animales. Los condenados fueron los hermanos Abel (39) y Rafael (41) Yáñez y Mariano Gutiérrez (24).

La historia ha sido conocida como el de la “valija fúnebre”, ya que a la víctima la atacaron en la casa de los Yañez y luego lo llevaron encerrado en una valija hacia el lugar en donde apareció muerto.

Pero Martearena se negó a la condena de prisión perpetua al considerar que la misma no cumple con la “función de resocialización” que deben tener las penas, en este caso la prisión perpetua son 35 años.

El debate sobre la postura del Juez no solamente abrió el juego a la interpretación del magistrado y la eterna pelea entre “garantistas y mano dura”, sino a la capacidad o no de la provincia en su trabajo de resocialización de los internos.

En Mendoza, de un universo de 4.607 presos, hay 197 que están condenados a prisión perpetua, según datos de la oficina de Estadísticas del Poder Judicial. Con la postura que marcó Martearena, desde la Justicia adelantan que, si en un futuro la Suprema Corte resuelve que la prisión perpetua es inconstitucional, “se vendrían decenas de planteos de revisión de sentencias”.