“Ley ómnibus” al Congreso: el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias del 26 de diciembre al 31 de enero

Mientras persiste la polémica por el DNU de desregulación económica, el Gobierno volvió sobre sus pasos y finalmente decidió enviar al Congreso una única “ley ómnibus” que incluirá todas las reformas que quedaron afuera del “megadecreto”, en lugar de remitir distintos proyectos de ley a ambas cámaras, como había trascendido.

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Así lo confirmaron este viernes fuentes oficiales y también establecieron la convocatoria a sesiones extraordinarias para que el Congreso pueda abocarse a discutir la iniciativa desde el 26 de diciembre al 31 de enero.

En la Casa Rosada hubo un cambio de estrategia: consideraron que dividir la ley en diferentes proyectos podía dificultar el trámite y por eso, a pesar de las advertencias en contrario, resolvieron enviar un único proyecto que ingresaría por la Cámara de Diputados, ya que contiene reformas impositivas.

La “ley ómnibus” que será debatida en extraordinarias incluirá todas las reformas que el presidente no pudo incluir en el decreto porque son materia vedada por la Constitución Nacional.

Entre los principales puntos se encontrarían más medidas de “reforma del Estado”; la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias; cambios en Bienes Personales; un nuevo blanqueo para ingresar dólares al sistema; la eliminación de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y la aplicación de la boleta única electoral.

“La dirección inexorable del cambio está puesta en el decreto y en la ley que se enviará a consideración al Congreso”, aseguró el ministro del Interior, Guillermo Francos, que el jueves visitó en el Congreso a la vicepresidenta Victoria Villarruel y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

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El inminente envío del proyecto se da en momentos donde la oposición cuestiona que Milei haya evadido el debate parlamentario al firmar un ambicioso DNU que deroga y modifica numerosas leyes, y que solo puede ser ratificado o rechazado en su totalidad, sin lugar para alterar el contenido.

Pero a pesar de las críticas de Unión por la Patria, la UCR, la Coalición Cívica, Cambio Federal y el Partido Socialista, Milei tiene previsto seguir adelante con el DNU y no planea transformarlo en leyes. “Tiene la legitimidad del 56% de los argentinos. Eso hace que se sienta absolutamente empoderado para llevar adelante este proceso de transformación”, argumentó Francos a radio Rivadavia.

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La oferta del radicalismo

El bloque de diputados radicales, que encabeza el cordobés Rodrigo De Loredo, mantuvo este viernes una reunión por zoom donde mostró una actitud colaborativa y le pidió al presidente que revea su estrategia para que “las reformas se sostengan”.

“Queremos que muchas de las iniciativas que se proponen en el DNU salgan y sean una realidad. Estamos para ayudar y cooperar con el nuevo Gobierno. Estamos para que aquellas reformas que necesita el país se lleven adelante”, enfatizó De Loredo.

Y agregó: “Si el Gobierno no evalúa enviar las leyes correspondientes al Congreso, que es el camino adecuado, pueden ayudar las aprobaciones parciales sobre gran parte de las propuestas o bien que el Gobierno esté dispuesto a remitir las reformas de forma segmentadas en varios DNU para su tratamiento”.

En ese sentido, en la reunión se habló de ofrecerle a Milei diferentes alternativas. Descartada la posibilidad de una “ley espejo”, como había propuesto el titular del partido, Martín Lousteau, pedirán que haya un “mix” de proyectos y DNU que puedan ser analizados caso por caso.

La estrategia que surgió en el encuentro fue la de profundizar el debate en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y desmenuzar el contenido del DNU durante el verano para que, una vez que inicien las sesiones ordinarias, haya masa crítica suficiente para que el oficialismo esté obligado a negociar. El clima caliente en las calles y los amparos en la Justicia podrían colaborar en este hipotético escenario.

Como la bicameral solo puede discutir sobre la validez o invalidez del decreto (no sobre la letra de las reformas), en el radicalismo incluso analizan una jugada más audaz: impulsar una modificación de la ley que regula el procedimiento, la 26.122, para habilitar el desglose de los DNU y sumarle presión al presidente.

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A contramano de la postura radical, en Unión por la Patria la posición es no dilatar el debate y anular el decreto cuanto antes. “No hay margen para esperar a marzo. La política no se va a bancar la extensión de un debate como este en el tiempo. No podemos aguantarlo”, se quejó un diputado peronista.

A pesar de todos estos obstáculos, desde La Libertad Avanza se muestran confiados. “Cada bloque lo está estudiando. Algunos critican la totalidad del DNU, otros parcialmente, pero vamos a poner en marcha el Congreso seguramente la semana que viene. Vamos a discutir, buscar el consenso y de alguna manera u otra nos vamos a poner de acuerdo”, afirmó el jefe del bloque libertario, Oscar Zago.