Playa San Agustín: el Gobierno aspira a sacar $43 millones con la venta de chatarra y dice que la cerrará en diciembre

El plan de cierre de la playa de secuestros de vehículos San Agustín tiene como primer paso una licitación que el Ministerio de Seguridad planea realizar en julio para compactar chatarra antiquísima en muchos casos.

No es un punto menor. Si el Gobierno consigue concesionar este servicio, no sólo comenzará a haber una solución para un predio de 8 hectáreas que hace años es un problema de seguridad y para el medio ambiente en el oeste capitalino.

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Además, de la venta de los cubos de hierros, saldrían los fondos para que el Estado pueda avanzar al siguiente capítulo. Se trata de la construcción de una playa “de secuestro, pero no de acopio”, con servicios acordes, en Las Heras.

En efecto, la idea oficial consiste en conseguir una empresa que compacte y venda los vehículos viejos a empresas siderúrgicas, a cambio de una comisión de esas ventas. El Estado, si todo ocurre de acuerdo con lo planeado, no pondrá dinero para la realización de este servicio y, además, recibirá plata a cambio.

¿Cuánto dinero? Los cálculos son millonarios. El acopio de años de hierros en la playa de San Agustín suma un total de 40.000 vehículos, incluidos unos 1.000 que pertenecen a la propia Policía.

Se calcula que en el predio hay 3.600 toneladas de hierro amontonadas. El Ministerio de Seguridad estima que puede sacar 12.000 pesos por tonelada, con lo cual, las arcas del Estado podrían recaudar 43,2 millones de pesos al final de la operación.

Esos son los fondos con los cuales el Gobierno avanzará en la otra parte del proyecto. Tal como contó Los Andes el domingo pasado, la nueva playa de secuestros de vehículos de la provincia se ubicará en un predio de 6 hectáreas que se encuentra al norte de la primera etapa del Parque Industrial de Las Heras, sobre la calle Santa Rita. El lugar cuenta con servicios y conectividad, además de estar próxima a la playa de secuestro vehicular del departamento.

“Con el dinero obtenido vamos a hacer la nueva playa de secuestros”, confirmó en este sentido el ministro de Seguridad, Raúl Levrino.

El hecho de que la nueva playa dependa de los recursos que genere la compactación de autos viejos hace que esa etapa del proyecto sea a “mediano plazo”. Aunque la compactación de vehículos duraría unos 6 meses, según estimó el funcionario.

Seis playas

Al margen de San Agustín y los predios municipales, la Provincia tiene seis playas de secuestro de vehículos: San Martín, Tupungato, San Rafael, General Alvear y Malargüe.

Entre todas, hay algo más de 4000 vehículos guardados. En el futuro, también podrían entrar en el plan de compactación y venta de chatarra que arrancará en julio.

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Aunque las playas de secuestro trabajan con vehículos que reposan algunos días y son retirados, San Agustín principalmente acopia trastos de épocas muy viejas, incluso del Mendozazo. Entre numerosos casos, muchos fueron perdiendo valor comercial mientras aumentaba la deuda con el Estado por la custodia. Y deteriorándose, por supuesto, a pesar de que para la industria metalúrgica sea una buena materia prima para reciclar.

La legislación actual, que es de 2017, permite disponer de los vehículos abandonados, para remate o compactación, a partir de que se cumplen seis meses desde que cayeron en las playas. Hasta entonces, mantenerlos en ese lugar le cuesta al dueño una cifra bastante menor, si se la compara con el costo de las playas de estacionamiento: paga 160 pesos día un auto y entre 90 y 110 pesos una moto.

El costo mayor es el traslado a estos lugares, que sale 1.940 pesos.

Este circuito obliga a mantener un servicio administrativo y una guardia las 24 horas, a cargo de tres o cuatro personas. A lo largo de la historia, San Agustín particularmente, ha producido distintos incidentes. Y no es la primera vez que se promete una solución.

“Hay un ámbito de contaminación y acopio de chatarra. Hay robos de autopartes e incendios provocados. Incluso casos de robos cuando va a retirar los vehículos”, reconoce el ministro de Seguridad, quien repite que esta vez la solución llegará.

Seguridad se concentrará ahora en la licitación, que tiene sus complejidades, dado que las convocadas tienen que ser empresas que certifiquen a la hora del manejo de residuos peligrosos. Levrino dice que puede haber dos o tres interesadas e insiste en que desde mediados de año hasta diciembre el concesionario podría llevar a cabo el trabajo.

El resto del plan, también contado por Los Andes la semana pasada, consistiría en la construcción de un barrio del IPV de 56 viviendas para reubicar a los habitantes de un asentamiento (Ceferino) y un conjunto de obras en la zona para convertir al cementerio de autos en parte del circuito turístico de Papagayos.