Según una fiscal, Milei no habría cometido delito al acusar de “coimeros” a los diputados nacionales

La fiscal federal Alejandra Mángano consideró que los comentarios que emitió el mandatario cuando se debatía en el Congreso la ley ómnibus fueron “manifestaciones públicas amplias y con escaso grado de precisión”.

Izquierda: la fiscal federal Alejandra Mángano. Derecha: El presidente de la Nación, Javier Milei. Foto: Gentileza NA.
Izquierda: la fiscal federal Alejandra Mángano. Derecha: El presidente de la Nación, Javier Milei. Foto: Gentileza NA.

Mientras en el Congreso de la Nación se debatía sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para la desregulación de la economía y el proyecto de Ley ómnibus impulsado por el presidente, Javier Milei aseguró que había legisladores que trataban los “lentitud” las reformas porque “buscan coimas”. Luego de que se presentara una denuncia por los dichos, este martes una fiscal puso en duda que el mandatario haya cometido un delito al llamar “coimeros” a los diputados porque no los mismos no fueron identificados.

“Estos hechos por sí solos no permiten conformar un objeto de investigación que permita impulsar un caso penal, puesto que han sido manifestaciones públicas amplias y con escaso grado de precisión que se dieron en el contexto de un intenso debate político”, opinó la fiscal en un primer dictamen en el marco de una causa impulsada por aquellas expresiones, informó Noticias Argentinas.

Milei dijo en un programa de TV: “Sabiendo que cuando entra la maquinaria del Congreso le pone tanta lentitud que estropea todo. Parte de esa lentitud es porque buscan coimas. Algunos, no dije todos. Pero a esos que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas”.

La denuncia original, formulada por el abogado y ex funcionario bonaerense Leonardo Martínez Herrero, citó también otras expresiones de Milei, en este caso a un portal de noticias: “Tenemos identificadas las valijas. Hay decenas, de aceite, biodiesel”.

A esa presentación se sumaron luego otras del diputado de Unión por la Patria Germán Martínez; de una decena de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) y de la abogada Valeria Carreras, querellante en las causas por el hundimiento del submarino ARA San Juan.

La fiscal Mángano resolvió que “previo a dictaminar sobre el impulso del caso, será útil, para precisar las circunstancias denunciadas, solicitar a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación y a la de la Cámara de Diputados informe si alguno de los miembros del cuerpo efectuó alguna presentación y/o cuestión de privilegio relacionada con los hechos que motivan las denuncias”.

“Específicamente –añade el documento- sobre la sospecha de comisión de delitos en el seno del Congreso de la Nación en ocasión del tratamiento de la ley ómnibus y/o la aprobación del DNU 70/23″.

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