Seguridad: más de 50 proyectos “duermen” en la Legislatura

En La Casa de las Leyes no solamente trabajan los legisladores sino que también duermen muchos proyectos de ley que datan de años atrás. Estos proyectos, en su mayoría, de acuerdo a los legisladores, son presentados por los bloques opositores, quienes no cuentan con la mayoría necesaria para discutirlos en las comisiones, para que posteriormente sean tratados en el recinto.

Los proyectos que duermen en la Legislatura son tantos que resulta difícil calcular su cantidad exacta. Los legisladores de la oposición estiman que se presentan 240 proyectos de ley por año, y se aprueban aproximadamente 40. De los presentados se estiman que son 50 proyectos sobre seguridad. En el 2023 no se aprobó casi ninguno sobre el tema. El último que se aprobó, el de la incorporación del agente encubierto informático, entró en 2022 y tuvieron que pasar 22 meses para que logre la sanción completa.

Un senador opositor de La Unión Mendocina, Gabriel Pradines, contó a Los Andes: “Los proyectos que presentamos la oposición, no se tratan directamente, entran a las comisiones y no se debaten y quedan ahí”.

“En el caso mío, de todos los proyectos de Ley que he presentado, ni uno solo se ha movido. Y los pedidos de informe cuando van a comisión, duermen en el archivo, hasta el fin de los tiempos”, remarcó el senador demarchista, que llegó a la Legislatura en 2022.

No es el único que piensa que el oficialismo no trata los proyectos de ley presentados por la oposición, Adriana Cano, senadora del peronismo y presidenta del bloque del PJ, dijo: “La gran preocupación que siempre tenemos es de que no se debaten los proyectos nuestros, no se debate en ninguna comisión. Así que, bueno, terminan siempre durmiendo durante muchísimos meses”.

“Los proyectos de ley que se tratan obviamente son los que manda el oficialismo o son proyectos del Ejecutivo, casi el 90% es así, y el resto, bueno, según el tema, y si no genera muchas complicaciones dejan pasar alguno”, agregó.

Natacha Eisenchlas, senadora provincial y presidenta del Interbloque de Cambia Mendoza, defendió al oficialismo y se desligó de las acusaciones de que no permiten tratar los temas de la oposición.

“Cuando uno presenta proyectos que tienen una erogación, nosotros en general no los aprobamos si el proyecto no dice de dónde van a salir los recursos para aprobarlos, porque en general ponen por rentas generales o el Proyecto Ejecutivo determinará el financiamiento. Y cuando no hay dinero para asignado, es muy difícil”, explicó la legisladora oficialista.

Eisenchlas también negó que exista una “voluntad de trabar los proyectos en las comisiones”, aunque advirtió que “hay veces que pasan de una comisión a otra”.

Además, remarcó que el trabajo en las comisiones y su posterior despacho “no tiene relación con la calidad legislativa, muchas veces cuando trabajamos en conjunto con los demás legisladores, nos topamos con muchas trabas de organismos que no presentan información o que hay que corroborarla”.

LOS PROYECTOS MÁS RELEVANTES

La oposición señala que en los últimos dos años se han presentado, por lo menos, 50 proyectos de ley sobre seguridad que duermen en las comisiones, y algunos con suerte llegan a obtener media sanción para finalmente no volver a ser debatidos para obtener el carácter de Ley. Además denuncian que la Legislatura no tiene una comisión específica y muchos de los proyectos son enviados a comisiones que nada tienen que ver con la temática.

Vale la aclaración que se intentó contactar al Ministerio de Seguridad para que informen cuales de ellos podrían ser tratados dentro de las sesiones extraordinarias, o cuando comience la etapa ordinaria, pero sin éxito.

El que la oposición señala como más relevante es el presentado por el ex legislador del PJ y ex candidato a vicegobernador por Mendoza, Lucas Ilardo, quien buscó establecer “puntos seguros” para que las personas puedan tener un lugar para intercambiar bienes de forma segura por operaciones previamente acordadas a través de la plataforma “Marketplace”. Fue tratado por la Cámara de Senadores el 23 de agosto pero no tuvo su tratamiento en la cámara baja por lo que está pronto a cumplir dos años sin movimiento.

El otro proyecto presentado por el peronismo que permanece estancado en el sistema de la Legislatura es de la diputada del Frente de Todos, Valentina Morán. Este proyecto, desde el día de su presentación, está cajoneado en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Busca establecer un organismo dedicado a recibir denuncias por violencia policial, supervisar las instituciones acusadas y conformar un equipo interdisciplinario para apoyar a las víctimas.

Su primer y único movimiento se realizó el día 16 de agosto del 2023 cuando adquirió estado parlamentario y fue enviado a comisión. Desde ese día, nunca más tuvo movimiento, ni tratamiento por lo que reposa hace casi un año en la Legislatura.

Emanuel Fugazzotto del Partido Verde, tiene otro que no tiene movimiento, este se centra en el salario del personal policial retirado, proponiendo modificar el artículo 11 de la ley provincial 4176, que regula el régimen previsional de la policía. En su redacción actual, este artículo establece que el personal retirado recibirá los mismos aumentos que el personal en actividad, pero con un retraso de 180 días.

La propuesta de modificación busca reducir este período de espera a 60 días después de la publicación de la ley o decreto que establezca el aumento salarial del personal en actividad. Aunque el proyecto obtuvo estado parlamentario el 2 de noviembre de 2022, fue remitido a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, donde no ha tenido ningún avance desde entonces.

El ex diputado provincial y actual miembro de la cámara baja nacional, Álvaro Martínez, presentó un proyecto de ley destinado a restringir la portación, tenencia y transporte de armas para el personal policial o penitenciario que esté enfrentando un proceso judicial por violencia de género o intrafamiliar.

Este proyecto, al igual que los mencionados, ha permanecido sin avances durante casi tres años en la Legislatura. Fue presentado el 5 de mayo de 2021 y obtuvo estado parlamentario una semana después. Desde entonces, ha sido remitido a la comisión Especial de Género y Erradicación de Trata de Personas, donde permanece desde el 12 de mayo de 2021.

El presidente del bloque del Partido Justicialista, Germán Gómez, presentó el 23 de agosto de 2023 un proyecto para crear un programa de concientización destinado a promover y fomentar el uso seguro de la bicicleta como medio de transporte. Uno de los objetivos principales era desarrollar políticas públicas para mejorar la seguridad vial de los ciclistas en la provincia de Mendoza.

A pesar de haber ingresado por mesa de entradas y haber obtenido estado parlamentario una semana después, el proyecto nunca avanzó más allá de la comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda.

En el ámbito de la seguridad vial, existe otro proyecto que nunca fue tratado por los legisladores, presentado por los senadores Pradines, Rolando Baldasso y Daniel González. Este proyecto propone la creación del programa “Anillos Digitales de Seguridad”, que tendría como objetivo monitorear las patentes de vehículos para proteger la seguridad pública y facilitar la investigación y detección de delitos o infracciones.

El proyecto establece que, en caso de detectarse la ocurrencia flagrante de un delito tipificado en el código penal o contravencional, la autoridad de aplicación deberá avisar de inmediato a los organismos correspondientes y dejar a disposición de la autoridad judicial competente las imágenes en su integridad con la mayor rapidez posible.

Al igual que otros proyectos, este adquirió estado parlamentario en el año 2022 cuando fue remitido a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Desde entonces, ha permanecido archivado en la larga lista de proyectos que no han sido tratados por los legisladores.

La comisión Bicameral de Seguridad ha sido objeto de atención en los últimos días debido a la presión ejercida por la oposición para su formación, encontrando resistencia por parte del oficialismo. Sin embargo, este no es el único organismo de control que busca el Poder Legislativo. En 2022, Gustavo Cairo, diputado de La Unión Mendocina -hasta entonces este espacio estaba dentro del PRO-, presentó un proyecto que proponía la creación de una comisión de Justicia integrada por un diputado y un senador de la oposición

En el año en que se presentó la comisión bicameral de justicia, la comisión de seguridad estaba en funcionamiento, pero fue su último año. Actualmente, las iniciativas legislativas para formar tanto la comisión de justicia como la de seguridad están estancadas en la Legislatura, sin recibir tratamiento debido a la resistencia del oficialismo, que posee la mayoría necesaria para darles despacho y llevarlas al recinto.

No solamente la oposición presenta proyectos de ley sobre seguridad que quedan en la nada. El oficialismo también tiene dos importantes; uno de ellos fue presentado por la misma ministra de Seguridad cuando era senadora. Se trata de un proyecto que busca modificar la Ley 7924, la cual regula el funcionamiento de las videocámaras para grabar imágenes en público y privado.

Lo que pretende incorporar el proyecto de la ministra es añadir las cámaras privadas a la red estatal en coordinación con el sistema interconectado del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) 911.

Desde el 7 de marzo de 2023 que adquirió estado parlamentario no se volvió a tocar, duerme en la comisión de Legislación y Asuntos constitucionales desde hace ya casi un año.

El otro es el presentado por el ex funcionario del ministerio de Seguridad de la nación y actual diputado Enrique Thomas (PRO). Busca reformar un artículo de la ley de Policías (6722), específicamente el artículo 48, para incluir a personas con “conocimientos específicos para el manejo y la gestión de recursos tecnológicos, sistemas, bases de datos aplicadas a la seguridad y programas informáticos”.

También, como todos los demás, desde el 22 de marzo de 2023, cuando adquirió estado parlamentario, está cajoneado en la Legislatura en la comisión de Legislación y Asuntos constitucionales.

PEDIDOS DE INFORME QUE NO RESPONDEN

El plazo para responder un pedido de informe está establecido en el reglamento interno del Senado, y se utiliza también en Diputados, de acuerdo a la ley 5736 en su artículo número 2 expresa que el Poder Ejecutivo y Judicial debe contestar “en un plazo no mayor de diez (10) días, prorrogable por otro plazo igual cuando la complejidad del caso así lo exija”..

En el 2023, según la oposición, ninguno de los pedidos de informes dirigidos al Ministerio de Seguridad recibió respuesta. Todos concuerdan en la dificultad que existe para que los bloques que no sean del oficialismo tengan alguna forma de fiscalización de las políticas de seguridad.

Uno de los primeros pedidos de informe realizados al ministerio de Seguridad, que en 2023 estaba comandado por Raúl Levrino, fue el presentado por Gómez, en el que pedía al encargado de la cartera de Seguridad que informe acerca de “los datos registrados en la provincia respecto al índice de delincuencia y hechos delictivos ocurridos y sobre la tasa de victimización durante el año 2022 y 2023″.

Sin embargo, casi un año después, aún no ha sido debatido en el recinto legislativo, y ha quedado obsoleto, dado que el ministro de Seguridad Levrino, ya no está en funciones.

La misma suerte corrió el que presentó el ex diputado peronista, Bruno Ceschín, quien solicitó al ministerio de Seguridad un “informe sobre diversos puntos referidos a la presencia de custodia policial como civil en Godoy Cruz”; lo mismo ocurrió, desde el 22 de febrero duerme en la comisión de legislación y asuntos constitucionales.

Como esos dos hay muchos más durante el año 2023 que no tuvieron siquiera la posibilidad de debatirlos en comisiones.

LOS PEDIDOS QUE ACUMULA RUS

Con una nueva y joven ministra, la oposición espera que esto cambie y se democratice la posibilidad de controlar las políticas llevadas a cabo por el renombrado ministerio de Seguridad y Justicia. Teniendo en cuenta los plazos, aún está a tiempo de responderlos sin excederse como lo hicieron los funcionarios de Rodolfo Suárez durante el año 2023.

Así las cosas, desde que asumió Mercedes Rus, la ministra de Seguridad y Justicia, los legisladores presentaron diversos pedidos de informe, que están en las comisiones y que todavía no fueron incluidos por el Ejecutivo en las sesiones extraordinarias. Al igual que para los proyectos de ley, se le consultó al ministerio su opinión al respecto y no se recibió respuesta.

Los proyectos se pueden ver en la página oficial del Senado y de Diputados.

En la Cámara de Diputados hay presentados dos proyectos: uno de ellos, es el del diputado provincial peronista, Juan Pablo Gulino, quien solicitó un informe con “datos relacionados a los robos de transformadores eléctricos reguladores medidores de gas de agua y cables en la provincia”. Entró en mesa de entrada el 2 de febrero, y recién adquirió estado parlamentario el 7 del mismo mes.

Otro presentado el 31 de enero por mesa de entrada, pero que adquirió estado parlamentario el 7 de febrero, es el de Gómez, quien solicitó un informe “sobre los motivos de la disminución en las raciones alimentarias en las cárceles del sistema penitenciario provincial incluyendo tanto la calidad como la cantidad de la comida”.

En Senadores hay tres. El más reciente es el presentado el 5 de febrero por el senador Pradines donde solicita un informe “sobre desalojo y posterior traslado de la subcomisaria El Sauce departamento de Guaymallén”.

El mismo legislador fue quien solicitó “al ministerio de Seguridad y Justicia informe sobre el estado real en que se encuentra la dirección de bomberos y las asociaciones de bomberos voluntarios”,

Y un tercero, por el mismo senador, donde solicita un informe “sobre cantidad de móviles asignados a las comisarias y acciones desarrolladas ante delitos en Guaymallén”.