Tensión entre intendentes por la coparticipación y el Gobierno promueve un cambio a la ley

El Gobierno provincial terminó este martes con la ronda de encuentros con los diferentes intendentes de la provincia, con el objetivo de informar en primer lugar sobre la baja abrupta de recursos por coparticipación, tanto nacional como provincial; pero también para recibir diferentes quejas que han planteado los propios jefes comunales respecto a la situación particular con la que deben lidiar, y con la sensación que tiene cada uno de que deberían recibir más de la porción de torta de dinero que se reparte entre los 18 jefes comunales.

Los encuentros comenzaron la semana pasada, con tres principales dirigentes políticos por parte de la provincia: el gobernador Alfredo Cornejo; y los ministros Natalio Mema (de Gobierno); y Víctor Fayad (de Hacienda). El tema de los recursos sin dudas que generó algunos cortocircuitos, en primer lugar porque intendentes se quejaron ante la provincia por la baja cantidad de dinero que recibieron producto de los nuevos datos del Censo 2022, como lo fueron por ejemplo Diego Costarelli, de Godoy Cruz; y Omar Félix, de San Rafael; con críticas también ante el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y la metodología del censo.

Pero también lo hizo el intendente capitalino Ulpiano Suárez; quien sigue presionando a la provincia para que actualice un Fondo Compensador creado en 1996 y con el que recibiría, en caso de ser escuchado, una buena porción de recursos que hoy no llegan porque el mismo está desactualizado.

No obstante, hubo críticas cruzadas entre ellos mismos, como es el caso de Marcos Calvente, de Guaymallén, quien dijo que su comuna es la que menos dinero per cápita recibe por coparticipación y apuntó a Suárez por “cortarse solo” en su reclamo. “Es necesario que todos los intendentes pidamos más dinero a Nación, ya sea por la coparticipación del Impuesto País, como por la reversión de Ganancias”, dijo.

Nuevo coeficiente

El tema de la coparticipación se divide en dos: por un lado, que los recursos “vienen a la baja” tanto en la recaudación provincial de los impuestos; como así también en lo que se recibe de Nación. Pero por otro lado, está el malestar interno de algunos intendentes por el resultado del Censo 2022, que inclinó la balanza en el reparto de recursos hacia algunas comunas, que vieron cómo incrementó fuertemente la cantidad de habitantes, como por ejemplo Maipú y Luján de Cuyo.

En el Poder Ejecutivo tomaron la decisión de insistir en la Legislatura Provincial con la reforma del Coeficiente de Equilibrio de la ley de Participación Municipal, que es una medida “inmediata” y de corto plazo para intentar “amortiguar” los grandes cambios que hubo entre el Censo 2010 y el del 2022. Si se aprueban los cambios, aquellos que más reciben por población seguirán naturalmente recibiendo más dinero que el resto, pero la diferencia “no será tan alta”, manifestaron desde el ministerio de Hacienda.

No obstante, no deja de ser un parche ante la eventual reforma de la ley, que sin dudas llevará más tiempo, discusión y estudio, teniendo en cuenta que este coeficiente hoy ese coeficiente representa sólo el 10% del total de recursos que se coparticipan a los municipios. El 65% del total se distribuye según la población que reside en cada comuna; y el 25% restante, en partes iguales.

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados aguardan que el Gobierno envíe el proyecto con esta modificación rápidamente, a sabiendas que esta misma reforma fue dejada de lado en la discusión por el Presupuesto 2024, sobre todo porque los datos del Censo 2022 aún no estaban ratificados, por lo que decidieron aplazar la discusión.

“Es una necesidad y obligación reformar al menos el Coeficiente de Equilibrio. Hoy Luján de Cuyo y Maipú son dos comunas que se ven beneficiadas con los cambios en el Censo, pero también con el Coeficiente. Esto debe cambiar rápidamente a los que más perjudicados están, como puede ser San Rafael, Godoy Cruz y Guaymallén, entre otros”, sostuvo un alto referente radical de la Casa de las Leyes.

Por otro lado, desde el Gobierno aseguraron que en breve estará esta discusión con la reforma, pero recordó que esta situación de inequidad “ya se veía venir”.

Ida y vuelta con intendentes

Lo cierto es que en el encuentro con los jefes comunales, Mema indicó que se habló y se informó sobre “cómo vienen las proyecciones y cómo evolucionarán los recursos coparticipables, que están a la baja; por lo que es importante que vayan tomando decisiones”, sostuvo. Se cree que la disminución será de por lo menos un 10% en términos reales en este 2024.

No obstante, sobre la reforma de la coparticipación, el ministro Fayad señaló que no fue el eje de las reuniones, pero que al margen, en términos generales piensan que “ningún municipio está conforme con lo que le corresponde por ley y todos piensan que merecen más de lo que reciben”.

La realidad, para el ministro, es que “hay muchos cuestionamientos a los índices actuales porque han perdido la lógica que en algún momento tenían en la década del ‘90″. Por otro lado, argumentó que el reclamo “concreto” ha llegado por parte de Godoy Cruz y San Rafael, como ya se adelantó, en el cual se asegura que hay contradicciones, al indicar que los permisos de la construcción, así como también la generación de basura y el consumo de energía “han aumentado considerablemente, pero no tanto en la población”.

En este sentido, sostuvo que “hay una distorsión entre la variación de los costos y la variación de la población censal”; y marcó contrapuntos sobre si efectivamente la distribución de la coparticipación es equitativa o no con respecto a la población que tiene domicilio, así como también el porcentaje de la torta que representa -el 65%-, al considerar que “muchas veces, el domicilio de la persona no es el mismo en el que manda a sus hijos a la escuela, o el lugar donde trabaja, o la zona con la que recorre en auto. Seguramente hay que pensar en otros indicadores que puedan generar una distribución más razonable de los recursos. Pero es un estudio y análisis a largo plazo”, razonó, y expresó además que no cree que este tema pueda resolverse en el corto plazo.

En tanto, el otro parámetro de ajuste y reparte es el del 25% en partes iguales para todos los departamentos. “¿Es justo? todos tienen estructuras fijas, pero ¿no será mejor de otra forma con una base modelo y una suma ajustable? Todo esto podría estar en discusión a futuro”, acotó.

Donde sí aseguró que se debe reformular completamente es el coeficiente de equilibrio, que “no tiene ni pies ni cabeza” y en el cual tanto intendentes como también legisladores entienden que “distorsiona más que equilibrar”. Por eso la idea de, al menos, enmendar ese 10% en base a los resultados del Censo 2022.

Pero además, desde el Ejecutivo se advirtió a los intendentes “que este es un problema de los propios jefes comunales” y que deben “resolverlo de la mejor manera posible”. “Siempre habrá alguien en desacuerdo, pero la fórmula debe ser justa”, marcó.

Cruces radicales

Mientras tanto, Calvente aseguró que Guaymallén es uno de los más perjudicados por la coparticipación, y criticó a su par de Capital, quien pretende más recursos por el ajuste del Fondo Compensador, al sostener que “hay que unir fuerzas para presionar a Nación para mejorar la coparticipación”, mientras en paralelo se piensa en un nuevo esquema local; “y no mirar sólo el problema personal”.

Ante esto, mencionó que en el 2023 Guaymallén “recibió $65.000 por habitante de coparticipación; y Capital $88.500. Hace décadas que venimos perjudicados por una ley vetusta, obsoleta e injusta. No necesitamos más parches como propone Ulpiano″, consideró.

En este sentido, dijo que al margen de la población, hay que evaluar una coparticipación “que englobe los habitantes pero también los vecinos de otras jurisdicciones que constantemente utilizan los servicios de la propia comuna”; y sostuvo que Guaymallén, por ejemplo, “es tierra de paso de grandes colectores cloacales, donde tenemos que poner muchos recursos cuando hay un problema, para un servicio que atiende al 40%, 50% de la población del área metropolitana; o también hacernos cargo junto a la provincia sobre todo lo que ocurre en el Acceso Sur y Este, donde transitan 200.000 autos por día. Necesitamos otra dinámica”, sentenció.